La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha llevado este jueves al Senado la situación de "desprotección" en la que se encuentran millones de hogares afectados por el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, el más grave de la historia reciente en España. Durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación, la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de OCU, Ileana Izverniceanu, denunció que, a punto de cumplirse un año del incidente, ni las empresas, ni la CNMC, ni el Gobierno han determinado quiénes fueron los responsables, lo que considera "imprescindible" para que los consumidores puedan ser indemnizados adecuadamente.

Izverniceanu recordó que el apagón afectó a la totalidad de la población, provocando desde pérdidas económicas y daños en hogares hasta situaciones de riesgo vital, lo que supuso un incumplimiento directo del derecho a la garantía del suministro recogido en la Ley del Sector Eléctrico. Sin embargo, denunció que "todos los actores del sector han evitado asumir responsabilidades, haciendo creer a la ciudadanía que el apagón no fue culpa de nadie".

Esta falta de claridad ha facilitado que las compañías distribuidoras rechacen la mayoría de las reclamaciones, alegando que no son responsables del incidente. Como resultado, la gran mayoría de los afectados sigue sin recibir compensación por daños materiales, pérdida de bienes o interrupción de servicios contratados. OCU recordó que el RD 1955/2000 obliga a compensar automáticamente a los consumidores por interrupciones de suministro que superen los límites de calidad, y que estas cantidades deben abonarse antes del 31 de marzo de 2026. Millones de hogares aún no han recibido nada ni información clara en su factura.

La organización también alertó de que el apagón ha encarecido la factura de la luz. Desde el incidente, Red Eléctrica mantiene reforzados los servicios de ajuste por restricciones técnicas, lo que ha supuesto un sobrecoste medio estimado de 20,71 euros para hogares con PVPC y 21,16 euros en el mercado libre durante los meses posteriores, unas medidas preventivas que continúan activas ante la falta de conclusiones oficiales.

OCU calificó la actuación del sector eléctrico como "extraordinariamente negativa": las empresas no han sido transparentes ni han asumido responsabilidades; la CNMC no ha emitido un informe determinante y su actuación ha sido "demasiado técnica y poco visible"; y el Gobierno no ha impuesto sanciones pese a la gravedad del suceso.

Durante su intervención, la organización reiteró la necesidad de reformar el marco normativo para actualizar el sistema de compensaciones, crear mecanismos eficaces de resarcimiento y aprobar de forma urgente una Ley de Acciones Colectivas que permita a los afectados reclamar con garantías. Además, exigió la determinación urgente de los responsables del apagón, sanciones proporcionales a la gravedad, el pago inmediato de las compensaciones automáticas pendientes y transparencia total en los procesos de supervisión y reclamaciones.

OCU recordó que continúa activa la campaña 'Luz sobre el apagón', a la que se han unido ya miles de consumidores para exigir explicaciones y compensaciones justas. Las personas interesadas pueden sumarse a través de su web para seguir las acciones colectivas en marcha.