El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha denegado a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático la autorización para realizar batidas de control del lobo en los municipios de Cerdedo-Cotobade, Curtis y Ferrol. La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que los argumentos presentados por la Xunta sobre un incremento de ataques no están respaldados por pruebas técnicas suficientes que justifiquen la modificación de las medidas cautelares ya adoptadas.

En su resolución, los magistrados subrayan que las batidas solicitadas tendrían "evidentes consecuencias letales para los ejemplares de la especie de cuya conservación se trata (lobo)", omitiendo el análisis previo que el propio plan de gestión del lobo obliga a realizar. El tribunal añade que "no se aporta ninguna referencia técnica contrastada de un incremento de densidad poblacional que determine un verdadero cambio de circunstancias" respecto a lo valorado en el auto firme de suspensión cautelar.

El TSXG advierte además que la extracción solicitada implicaría "la muerte de ejemplares en un número indeterminado, que no se concreta", por lo que no cabe descartar que se pudiera producir un grave daño al ecosistema. Esta falta de concreción sobre el alcance de las batidas ha sido determinante en la decisión del tribunal.

No obstante, la sala aclara que no se opone a medidas que no conlleven la extracción de ejemplares, admitiendo la posibilidad de actuaciones que promuevan la protección de la ganadería y de la integridad de las personas, haciéndola compatible con la conservación de la especie amenazada. El tribunal aboga por un "desarrollo sostenible del ecosistema" que permita compatibilizar los intereses del sector ganadero con la preservación del lobo.

Los magistrados inciden en que, tal y como está planteada la solicitud de contracautela por parte de la Consellería, no es aceptable al no razonarse que las medidas sean compatibles con la adecuada conservación de la especie, ni tampoco que se hayan agotado todas las medidas preventivas necesarias para evitar o paliar los daños y riesgos alegados por el departamento autonómico.

Con esta decisión, el TSXG mantiene la suspensión cautelar que pesaba sobre las batidas y exige a la administración autonómica un mayor rigor técnico si pretende retomar la solicitud, además de instar a explorar vías alternativas que no impliquen la muerte de ejemplares de una especie protegida.