El pulso de la Xunta al Ministerio para la Transición Ecológica ha dado sus primeros frutos. El Gobierno central se vio obligado este jueves a rectificar su hoja de ruta en la tramitación de la reforma del Reglamento General de Costas después de que la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, denunciara públicamente "defectos de forma" y la ausencia de documentación preceptiva. La presión gallega, secundada por otras comunidades litorales, forzó al departamento que dirige Sara Aagesen a ampliar el plazo de alegaciones hasta el 15 de abril y a remitir, por fin, la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) que había omitido en el borrador inicial.

La conselleira no ocultó su satisfacción por lo que considera una enmienda a la totalidad del procedimiento seguido por el Ejecutivo central. "Han asumido la falta de información y los defectos de forma que denunciamos", sentenció Vázquez, quien ya había trasladado por carta a la ministra el malestar de Galicia por una tramitación que calificó de "acelerada" y falta de transparencia.

La MAIN, un documento clave en cualquier reforma legal, incluye la evaluación jurídica y el estudio de impacto económico y presupuestario. Sin ella, las comunidades autónomas carecían de las herramientas necesarias para evaluar las consecuencias reales de la norma sobre los sectores afectados. "Es imprescindible para hacer observaciones fundamentadas", insistió la titular de Medio Ambiente.

Pero la rectificación del Ministerio no ha calmado los recelos de la Xunta. Vázquez recordó que esta misma semana, en Bruselas, ya había puesto en evidencia que la propuesta "no se ajustaba a derecho" y que ignoraba las competencias autonómicas en la gestión del litoral. A su juicio, el hecho de que el Gobierno opte por un real decreto en lugar de modificar la Ley de costas por la vía parlamentaria responde a una falta de mayoría suficiente en las Cortes para sacar adelante un debate de calado.

Frente a este escenario, Galicia ya ha activado sus propias trincheras. Ángeles Vázquez se reunió esta misma jornada con el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, para incorporar a los ayuntamientos costeros al grupo de trabajo que prepara las alegaciones. "Más de la mitad de la población gallega vive en los 86 concellos con litoral. Su voz es vital", subrayó.

El frente común que intenta tejer la Xunta busca frenar lo que considera un "nuevo atropello" del Estado. Según Vázquez, el anteproyecto no solo adolece de vicios de forma, sino que podría ser "nulo de pleno derecho" al contravenir la Ley de costas vigente y invadir competencias autonómicas en ordenación del territorio. Además, alertó de que la reforma, tal y como está planteada, pretende derogar prórrogas extraordinarias de concesiones, generando "inseguridad jurídica" y poniendo en jaque a actividades económicas asentadas en la franja costera durante décadas.

La conselleira reiteró la necesidad de convocar la Conferencia Sectorial de Costas para que las comunidades puedan participar de forma efectiva y exigió al Gobierno central que abra un diálogo real. "No vamos a permitir que se elimine cualquier vestigio de presencia humana del litoral sin informes técnicos que lo justifiquen", concluyó.