El Ministerio para la Transición Ecológica acaba de activar la evaluación ambiental del túnel de la A-52 entre Vigo y O Porriño, pero lo hace por la vía ordinaria, una decisión que alargará los plazos hasta un año y que llega sin el respaldo de los concellos afectados ni de los colectivos vecinales. El trazado, presentado hace quince meses, acumula más de mil alegaciones, especialmente de los residentes de Mos y Bembrive, los núcleos más afectados por la infraestructura, que denuncian que el proyecto se diseñó "de espaldas a la ciudadanía" y sin tener en cuenta el elevado impacto urbanístico y ambiental sobre sus viviendas. Mientras el Gobierno central opta por blindar el expediente para evitar posibles recursos judiciales, los vecinos exigen que se paralice la tramitación hasta que exista un consenso real y se aborde el verdadero origen de los problemas de movilidad en la comarca.

La contestación social no se limita al trazado del túnel. Tanto en Vigo como en Mos, la ciudadanía acaba de alzar la voz para reclamar la liberación inmediata de la AP-9 en el tramo entre Puxeiros y O Porriño, una demanda histórica que consideran "indispensable" para descongestionar la saturada A-55, que soporta a diario miles de vehículos que evitan el peaje. Los colectivos vecinales insisten en que la solución no es soterrar un nuevo vial sino hacer gratuita una autopista que ya fue amortizada hace décadas, una fórmula que aliviaría el tráfico en las parroquias de Mos y Vigo sin destruir más territorio ni abrir nuevas heridas urbanísticas. "No vamos a aceptar que nos vendan un túnel millonario mientras ignoran la solución más lógica: que la AP-9 deje de ser una barrera económica", denuncian los afectados.

El proyecto del túnel, presupuestado en 390 millones de euros, prevé soterrar 4 de los 10 kilómetros de la nueva autovía en un intento de poner fin a la alta siniestralidad de las curvas de Tameiga, donde la A-55 registró 283 accidentes en el último año y cinco fallecidos en los tres últimos ejercicios. Sin embargo, la tramitación por la vía ordinaria —en lugar de la simplificada— no garantiza una solución inmediata y abre una nueva etapa de incertidumbre que podría alargarse hasta finales de 2026 sin que se conozcan las respuestas a las alegaciones presentadas. Los vecinos advierten de que no permitirán que la infraestructura se construya "a base de decretazo y sin diálogo", y exigen que el Gobierno central se siente en una mesa para abordar de manera conjunta el futuro de la movilidad en el sur de la provincia. Mientras tanto, la A-55 sigue colapsada y la AP-9 continúa lucrándose con la necesidad de los usuarios.