La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha exigido este martes al Gobierno central la retirada del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra las homologaciones automáticas de dependencia y discapacidad, una medida pionera impulsada por la Xunta de Galicia. La petición se produjo durante una reunión mantenida con la directiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en la Casa de Galicia en Madrid.

En el encuentro participaron el presidente del CERMI España, Luis Cayo; el presidente del CERMI Galicia, Ramón Sestayo; y el vicepresidente del CERMI estatal, Anxo Queiruga. Tras la reunión, la conselleira volvió a insistir en la necesidad de retirar un recurso que, según destacó, va contra una medida incluida en el plan de choque de la Xunta y de la que se beneficiaron más de 12.600 gallegos en 2025.

Afán recaudatorio y copia sin beneficios

Fabiola García hizo hincapié en el "afán recaudatorio" de este recurso, en referencia a los 114 millones de euros menos que el Estado dejó de recaudar en un año en Galicia en concepto fiscal como consecuencia de esta medida. La conselleira denunció que el Gobierno central está copiando esta misma iniciativa en la modificación del Texto Refundido de la Ley General de personas con discapacidad y su inclusión social.

Según explicó García, en el texto estatal se propone que a los dependientes de Grado III solo se les conceda el 65% de discapacidad, sin beneficios fiscales, mientras que Galicia otorga el 100%. "O Executivo central copia esta medida con menor intensidade e sen dereito a beneficios fiscais", denunció la conselleira, quien subrayó la importancia de mantener la medida gallega como herramienta para agilizar los trámites y mejorar la calidad de vida de las personas con dependencia y discapacidad en la comunidad.

Apoyo del CERMI

La reunión sirvió también para evaluar el impacto del recurso y para reforzar la colaboración entre la Xunta y el CERMI en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Desde el comité estatal han mostrado su preocupación por las consecuencias que podría tener la decisión del Tribunal Constitucional sobre la autonomía de las comunidades para implementar medidas de agilización en el reconocimiento de la discapacidad.