La aprobación del Real Decreto que impone la factura electrónica obligatoria para pymes y autónomos ha sido recibida con cautela por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). La organización, que durante años ha denunciado los prolongados plazos de pago en España, considera que la medida es un avance, aunque insuficiente si no se complementa con un desarrollo normativo ágil y, sobre todo, con un sistema sancionador que garantice su cumplimiento.

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, advierte de que la herramienta solo será efectiva si va acompañada de una mayor transparencia. En este sentido, la entidad pone el foco en la creación del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, una figura contemplada en la Ley Crea y Crece que aún no se ha implementado por completo. Según ha podido saber Xornal21.es, la principal preocupación radica en que el actual diseño del listado de morosos podría resultar simbólico, ya que el acceso a la información será limitado en el tiempo y no podrá ser indexado por los buscadores.

“La publicación del listado de morosos no puede ser simbólica ni de difícil acceso; debe ser visible, permanente y fácilmente localizable para que cumpla su función, como ocurre en otros países”, ha subrayado Cañete.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido que el nuevo Real Decreto busca corregir uno de los grandes lastres para el tejido empresarial: la falta de liquidez derivada de los largos periodos de pago. Los datos respaldan esta urgencia. Según el Informe Anual 2025 del Observatorio de Pagos de la Unión Europea, en España solo el 14% de las grandes empresas paga sus facturas en plazo, un porcentaje que contrasta con el 51% de las microempresas, que suelen ser las más perjudicadas por la morosidad.

Cañete insiste en que la factura electrónica puede ser un elemento disuasorio clave, pero su verdadero potencial depende de cómo se gestione la información. “Si se utiliza correctamente, este instrumento puede convertirse en un elemento disuasorio frente a prácticas de pago abusivas”, ha afirmado.

Mientras tanto, la organización ha instado al Gobierno a acelerar el desarrollo del reglamento asociado a esta normativa para evitar retrasos en su aplicación. Paralelamente, la PMcM sigue con atención la tramitación del Reglamento Europeo contra la Morosidad, actualmente en debate en el Consejo Europeo, que prevé establecer sanciones para quienes superen los plazos legales. Sin embargo, la entidad reclama una mayor sensibilidad institucional ante un problema que, tal y como advierte Cañete, penaliza especialmente a las pequeñas empresas y sigue siendo una de las prioridades de la Comisión Europea para este año.