Galicia quiere convertirse en la pieza clave de la transición energética española. El director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, aseguró esta semana  durante la inauguración del BatteryGal 2026 en Santiago que la comunidad está preparada para liderar el despliegue de los proyectos de almacenamiento energético y convertirse en un “hub de xestión enerxética intelixente”.

“Contamos con un tejido industrial preparado: una industria automotriz y unos centros tecnológicos punteros, y nuestra capacidad de innovación en materiales está fuera de toda duda”, subrayó Fernández Vila, quien también destacó que los recursos naturales de Galicia la convierten en un referente en generación de energías renovables. La jornada, organizada polo Clúster de Enerxías Renovables de Galicia (Cluergal) en colaboración co Instituto Enerxético de Galicia (Inega), reunió a expertos para analizar el futuro del almacenamiento en la comunidad.

Los sistemas de almacenamiento resultan fundamentales para dar estabilidad al sistema, tanto desde el punto de vista técnico como económico, gracias a su contribución a la resiliencia de la red y en la reducción de las oscilaciones de los precios de la factura eléctrica. En la actualidad, Galicia cuenta con 46 expedientes de baterías –stand-alone e hibridaciones– en tramitación, que suman 492,75 MW, a los que hay que añadir otros 3 expedientes ya autorizados (17,75 MW), solicitudes de avales para 129 proyectos de almacenamiento que suman 2.720 MW más, y varios proyectos de centrales de bombeo reversible.

“Si queremos avanzar en la descarbonización de nuestra economía, precisamos incrementar el peso de las renovables en el mix energético. Aquí es donde entra en juego el almacenamiento, como la llave maestra que permite que las renovables pasen de ser una fuente variable a ser la base sólida de nuestro sistema eléctrico”, aseguró Fernández Vila. El director xeral llamó también la atención sobre la necesidad de definir un marco normativo que dé seguridad a los promotores: “El sector necesita uniformidad de criterios y mayor seguridad jurídica, y las administraciones también”.