El presidente de Puertos de Galicia, José Antonio Álvarez, compareció esta semana en la Comisión 8ª de Pesca e Marisqueo del Parlamento de Galicia para informar sobre los dragados que su departamento impulsa en los muelles de Miño, Barallobre y Pontedeume. Durante su intervención, Álvarez destacó la importancia de estas obras para la seguridad y la operativa portuaria, necesarias no solo para la recuperación de calado sino también, en muchos casos, para el abrigo de la flota.

En este sentido, el presidente de Puertos de Galicia hizo un llamamiento a la colaboración de todas las administraciones durante la tramitación ambiental de estas obras, un proceso que requiere informes estatales, autonómicos y locales. Según explicó, algunos de estos informes registran retrasos de hasta casi dos años, un factor que condiciona los plazos de ejecución de los proyectos.

Según ha podido saber Xornal21.es, las obras en Miño, Barallobre y Pontedeume darán comienzo en esta primavera y beneficiarán a un total de casi 300 embarcaciones, tanto profesionales como náutico-recreativas. Los trabajos contarán con una inversión del ente público de 940.000 euros, a los que se suman 120.000 euros de los estudios ambientales previos y 235.000 euros del programa de vigilancia ambiental, lo que eleva el montante total a 1,3 millones de euros.

Álvarez subrayó que los trabajos, contratados conjuntamente por sus características similares y cercanía geográfica, permitirán recuperar los calados y mejorar la operatividad de las dársenas en condiciones de seguridad. El plazo de ejecución será de nueve meses una vez iniciadas las obras. En total, en los tres puertos se dragará un volumen estimado de cerca de 38.000 metros cúbicos de áridos. Para ello está previsto el empleo de una draga de cuchara que transportará el material extraído hasta el punto de vertido en alta mar.

Finalmente, durante su intervención, el presidente de Portos hizo referencia a otras actuaciones de dragado en las que el ente público está trabajando, a la espera de recibir los informes favorables de la Administración General del Estado para poder licitar las obras. Es el caso de Espasante, en Ortigueira, o de Morás, en Xove, donde los proyectos permanecen pendientes de los dictámenes ambientales preceptivos.