La reforma del Reglamento de Costas impulsada unilateralmente por el Ejecutivo central ha desatado la reacción en bloque del Gobierno gallego. Alfonso Rueda ha anunciado esta semana que se ha solicitado formalmente al Estado “que suspenda de inmediato” la tramitación de una modificación normativa que, a juicio de la Administración autonómica, invade competencias exclusivas de Galicia y vulnera derechos adquiridos por los titulares de concesiones en el litoral.

El presidente gallego lamentó que el ministerio haya elaborado el anteproyecto “sin ningún tipo de consulta con las comunidades y los sectores afectados”. Según han confirmado a este digital fuentes próximas a la Xunta, el Consello da Xunta tomó razón esta misma semana de las alegaciones conjuntas presentadas por las consellerías de Medio Ambiente y Cambio Climático y del Mar, cuyo plazo de información pública expiró el pasado 15 de abril.

Rueda fue contundente al señalar que la pretensión del Gobierno central es “limitar al máximo la actividad en el litoral”. Una deriva que, en su opinión, “compromete el futuro de instalaciones clave para la economía gallega como astilleros, fábricas de conservas o establecimientos de hostelería”. El presidente advirtió de que la reforma permitiría la anulación de prórrogas sobre concesiones ya otorgadas, la denegación de nuevas solicitudes y la aplicación de un régimen más restrictivo para operar en la costa.

El Ejecutivo gallego basa su rechazo en tres frentes: competencial, jurídico y económico. En primer lugar, el Estatuto de Autonomía y la ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia reconocen que la gestión de las concesiones en la costa es una competencia exclusiva de la Administración autonómica. En segundo lugar, el nuevo reglamento resulta contradictorio con la propia ley de Costas aún vigente, lo que lo haría nulo de pleno derecho y generaría un escenario de inseguridad jurídica con un previsible aumento de recursos y litigios.

Uno de los sectores más perjudicados sería el de la acuicultura, que en Galicia suma 2.500 empresas y casi 4.500 trabajadores. La decisión del Gobierno central de aplicar la directiva de servicios comunitaria a todas las actividades del litoral sin hacer distinciones “supondría en la práctica equiparar bateas y otras instalaciones acuícolas con los chiringuitos de playa”, cuando se trata de actividades totalmente distintas con sus propias singularidades.

Además, la Xunta alerta de que la reforma podría derivar en el pago de indemnizaciones cuyos costes el Estado pretende trasladar a las comunidades autónomas sin ningún tipo de diálogo previo. “Podría darse el caso de que decisiones tomadas de forma unilateral por el Gobierno central fuesen indemnizadas por las comunidades con costa”, indicó Rueda.

Por todo ello, el Gobierno gallego reclama al ministerio que convoque una conferencia sectorial con todas las comunidades con competencias exclusivas sobre el litoral para consensuar un cambio legislativo —no reglamentario— que sea proporcionado, adecuado y ajustado al ordenamiento jurídico vigente. “Somos los primeros interesados en preservar nuestro litoral, pero también en que haya vida económica, ordenada jurídicamente y con seguridad en este litoral”, concluyó el presidente.