La Consellería do Medio Rural está impulsando un convenio de colaboración con el Laboratorio Interprofesional de Análisis do Leite de Galicia (Ligal) para reforzar la seguridad alimentaria y la calidad de la leche gallega. El acuerdo, que estará vigente hasta 2028 y cuenta con un presupuesto total de 164.000 euros, se centrará en la monitorización de aflatoxinas y residuos medicamentosos presentes en la leche producida en la comunidad.

Según ha podido saber Xornal21.es, las aflatoxinas son sustancias producidas por el hongo aspergillus flavus que pueden aparecer en algunos piensos y en las materias primas utilizadas para elaborarlos. Cuando un animal consume alimentos contaminados, metaboliza la toxina y esta es excretada en la leche. Existe un límite máximo permitido y, en caso de detectarse niveles superiores, el producto no puede comercializarse. El proceso de seguimiento se llevará a cabo aprovechando el sistema de recogida de muestras refrigeradas ya implementado en el Ligal.

Galicia es la primera productora nacional de leche de vaca, un sector con un impacto económico fundamental que además contribuye a generar empleo y mantener la población rural. El Gobierno autonómico, en un esfuerzo de mejora continuada para alcanzar los más altos estándares de calidad y seguridad alimentaria, opta por fortalecer la prevención frente a riesgos emergentes, independientemente del alto grado de control actual.

Este convenio se enmarca en el compromiso de la Xunta por mantener la posición de Galicia como referente en el sector lácteo, que actualmente atraviesa una situación compleja debido a la caída de los precios en origen. Como respuesta, la Consellería do Medio Rural está revisando todos los nuevos contratos para certificar que no hay incumplimientos y así proteger a los productores. De forma complementaria, se han intensificado los controles para vigilar la trazabilidad y el etiquetado de la leche ante la entrada de cisternas de otros países de la Unión Europea.

Cualquier indicio de irregularidad se remitirá a la Comisión Galega de Competencia y, de ser necesario, a las autoridades nacionales de este ámbito. La Xunta también ha solicitado colaboración a la Axencia de Información e Control Alimentarios, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Entre las demandas al Gobierno central figuran la modificación de la Lei da cadea alimentaria para que establezca un sistema de cálculo de los costes de producción con un índice trimestral, la actualización del Paquete Lácteo para garantizar que los productores cubran sus costes en caso de pérdidas acumuladas, y la prórroga automática de los contratos en ausencia de acuerdo.