La  conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, defendió este miércoles en el Parlamento de Galicia el modelo impulsado pola Xunta, basado en el diálogo, el consenso y la colaboración con todo el sector, frente al Plan Estatal aprobado ayer por el Gobierno central, que calificó de “tardío y sin consenso” con las comunidades.

Allegue ilustró el acuerdo autonómico con la imagen de la firma del II Pacto de Vivenda de Galicia 2026-2030 a comienzos de año en Pontevedra, aprobado por unanimidad por todos los agentes implicados: concellos, Fegamp, sector de la construcción, colegios profesionales y asociaciones de consumidores. El pacto se estructura en cuatro ejes estratégicos (acceso a la vivienda, rehabilitación y renovación urbana, desarrollo de suelo residencial y medidas transversales) que se concretan en 14 programas y 45 acciones, con un apartado específico para la juventud gallega.

La conselleira subrayó que muchas actuaciones ya están en marcha, como el compromiso de duplicar el parque público hasta alcanzar las 10.000 viviendas en 2030. El pacto supone una inversión pública directa de casi 2.000 millones de euros (83% financiados pola Xunta), a la que se suma una inversión inducida de 5.000 millones. El impacto económico total estimado es de 7.000 millones de euros, con capacidad para generar o mantener alrededor de 60.000 empleos.

Frente a esto, Allegue criticó el Plan Estatal aprobado por un Gobierno central que actúa “de forma opaca”. El documento acumula meses de atraso y aún queda por delante la convocatoria de una Conferencia Sectorial para el reparto de fondos, su elevación al Consejo de Ministros, la firma de convenios, la transferencia de fondos y la convocatoria de ayudas. De este plan dependen medidas como el bono alquiler, ayudas a promotores o la rehabilitación para comunidades de propietarios.

La conselleira expresó la inquietud de la Xunta por tener “un año prácticamente perdido” ante “un Gobierno totalmente inoperante”. Calificó de “propagandísticas” las medidas antifraude anunciadas por la ministra de Vivienda, destacando que Galicia lleva años aplicando mecanismos de control como el registro de demandantes y los sorteos ante notario. Pese a considerar el plan estatal tardío e insuficiente en cuantía, Galicia participará en el mismo, aunque el retraso del Estado convertirá 2026 en un ejercicio “prácticamente perdido” en términos de ejecución.