GALICIA
a Xunta exige al Gobierno que transponga la directiva europea que blindará los parques eólicos como interés público superio
La transposición de la normativa europea se convierte en un campo de batalla legal y político para el despliegue eólico.
A Xunta de Galicia defendió este miércoles la necesidad de que el Gobierno central transponga la última Directiva comunitaria sobre energías renovables a la normativa española para reconocer, de forma explícita e inequívoca, el interés público superior de los parques eólicos como un sector clave para avanzar hacia la neutralidad climática.
En respuesta a una pregunta en el pleno del Parlamento, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, incidió en que la Xunta cumple desde hace tiempo con el mandato europeo, que tiene como fin seguir avanzando en la implantación de renovables y acelerar la descarbonización. Por ello, consideró fundamental que el Gobierno central siga el ejemplo de Galicia y acometa cuanto antes esta transposición normativa. Recordó que la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España precisamente por no adaptar la legislación nacional en este ámbito.
Actualmente hay suspendidos en la comunidad 85 parques eólicos con una potencia asociada de más de 2.300 MW. La conselleira señaló que esta situación de parálisis judicial en Galicia es un caso “insólito y único” en Europa y lamentó que, a pesar de hacer lo que pide Bruselas, la judicialización de los proyectos autorizados por el ejecutivo gallego impida seguir con su implantación en el territorio.
Ángeles Vázquez celebró que el bloqueo “sin precedentes” que sufre este sector en Galicia comience a “corregirse” gracias a la doctrina comunitaria, a las cuatro sentencias del Tribunal Supremo y al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avalaron en los últimos años la tramitación de las autorizaciones por parte de la Xunta y al rigor de los técnicos que se encargan de la evaluación ambiental de estos proyectos. La conselleira defendió la independencia judicial, pero insistió en la necesidad de que el Estado se alinee con la normativa europea para dar seguridad jurídica a las inversiones renovables.

A Xunta de Galicia defendió este miércoles la necesidad de que el Gobierno central transponga la última Directiva comunitaria sobre energías renovables a la normativa española para reconocer, de forma explícita e inequívoca, el interés público superior de los parques eólicos como un sector clave para avanzar hacia la neutralidad climática.
En respuesta a una pregunta en el pleno del Parlamento, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, incidió en que la Xunta cumple desde hace tiempo con el mandato europeo, que tiene como fin seguir avanzando en la implantación de renovables y acelerar la descarbonización. Por ello, consideró fundamental que el Gobierno central siga el ejemplo de Galicia y acometa cuanto antes esta transposición normativa. Recordó que la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España precisamente por no adaptar la legislación nacional en este ámbito.
Actualmente hay suspendidos en la comunidad 85 parques eólicos con una potencia asociada de más de 2.300 MW. La conselleira señaló que esta situación de parálisis judicial en Galicia es un caso “insólito y único” en Europa y lamentó que, a pesar de hacer lo que pide Bruselas, la judicialización de los proyectos autorizados por el ejecutivo gallego impida seguir con su implantación en el territorio.
Ángeles Vázquez celebró que el bloqueo “sin precedentes” que sufre este sector en Galicia comience a “corregirse” gracias a la doctrina comunitaria, a las cuatro sentencias del Tribunal Supremo y al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avalaron en los últimos años la tramitación de las autorizaciones por parte de la Xunta y al rigor de los técnicos que se encargan de la evaluación ambiental de estos proyectos. La conselleira defendió la independencia judicial, pero insistió en la necesidad de que el Estado se alinee con la normativa europea para dar seguridad jurídica a las inversiones renovables.


































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