Cuando se cumple un año del corte eléctrico que dejó a oscuras a millones de hogares españoles, la Confederación ConsumES ha solicitado a Red Eléctrica de España (REE) la publicación íntegra de todas las llamadas y comunicaciones operativas del día del apagón del 28 de abril, así como de los días anteriores, para aclarar las causas reales del incidente y determinar si fue previsible y evitable.

ConsumES recuerda que REE, como operador del sistema eléctrico, tiene la obligación legal de garantizar la continuidad y seguridad del suministro, tal y como establece la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, y de actuar con criterios de transparencia, conforme a la Ley 19/2013 de Transparencia. “Cuando se produce un apagón, los consumidores tienen derecho a saber qué sabía el operador del sistema, cuándo lo sabía y qué decisiones tomó”, ha señalado la organización.

La confederación exige conocer si REE ya tenía constancia de problemas de inestabilidad y control de tensión, tal y como apuntan diversas informaciones sobre el contenido de las llamadas internas, y si esos avisos fueron correctamente gestionados. En concreto, ConsumES reclama: la publicación completa y sin ediciones de las comunicaciones operativas; una explicación técnica detallada de la información disponible antes del incidente; la justificación de las medidas de operación reforzada aplicadas tras el apagón y su impacto económico en los consumidores; y la depuración de responsabilidades si se confirma que los riesgos eran conocidos y no se actuó de forma preventiva.

Los audios filtrados a los que ha tenido acceso la prensa revelan que los problemas en la red venían de lejos. El día 16 de abril, REE recibió una llamada alertando sobre ciertos picos de tensión; un par de días antes también hubo reclamaciones por “un montón de oscilaciones”; y el propio día 28 de abril, Metro de Madrid señalaba al operador que estaban teniendo “un montón de incidencias”. Fuentes del sector consultadas por este digital señalan que las centrales que cobran por estabilizar la red estaban, el día clave, muchas de ellas indisponibles por tareas de mantenimiento o averías.

Mientras tanto, la falta de respuestas mantiene en pie la indignación de los consumidores. La OCU ha anunciado que estudia acciones judiciales al no conocerse aún los responsables, y los consumidores siguen sin cobrar las compensaciones establecidas (unos 17 euros por hogar) que deberían haberse abonado automáticamente. ConsumES subraya que la información solicitada es imprescindible para poder conocer quién ha de responder e indemnizar a los millones de consumidores que se quedaron a oscuras hace ahora un año.