La Xunta de Galicia ha adjudicado por algo más de 400.000 euros el contrato de servicio de apoyo a Augas de Galicia en sus tareas de control de la adaptación de las presas, embalses y balsas a las últimas normas técnicas de seguridad aprobadas a nivel nacional. La labor de la adjudicataria consistirá en la supervisión de la documentación relativa al estado de estas instalaciones y en la realización de las correspondientes inspecciones.

La empresa adjudicataria deberá realizar distintos trabajos, como la supervisión de los documentos de clasificación de presas, embalses y balsas, así como de los informes de adecuación a las normas técnicas de seguridad y a las nuevas condiciones aguas abajo según los últimos cambios normativos aprobados por el Gobierno central en este campo.

Entre las tareas a desarrollar también está hacer un seguimiento de los proyectos que los titulares desarrollen en relación con estas infraestructuras, al igual que la inspección de las correspondientes obras, revisando los documentos de normas de explotación y sus posibles modificaciones para adecuarlas a las nuevas exigencias legislativas en materia de seguridad.

Otras de las actividades incluidas en el contrato son la supervisión de los documentos de planes de emergencia y sus revisiones, así como la realización de un seguimiento sobre su implantación, y la evaluación de los informes que se realicen sobre las revisiones generales de seguridad y de los informes periódicos de comportamiento y funcionamiento de las presas, embalses y balsas.

La empresa adjudicataria también deberá encargarse de realizar inspecciones de seguridad de estas infraestructuras, dar apoyo técnico a las Comisiones de Desagüe de Embalses de Augas de Galicia y actualizar el Registro de Seguridad de Presas, Embalses y Balsas competencia del Ejecutivo gallego. Además, asistirá en la prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales para los trabajos de explotación, conservación y mantenimiento de las presas de titularidad autonómica.

El contrato, con un plazo de ejecución de 24 meses tras su formalización, es prorrogable por hasta un máximo de 36 meses adicionales.