El Consello da Xunta dio luz verde al II Plan galego contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual 2026-2029, con un presupuesto de 10,1 millones de euros. A diferencia del primero, este se aprueba para un período de ejecución más amplio (cuatro años en lugar de tres), está dotado con tres millones de euros más que el anterior y presta especial atención a las víctimas más vulnerables, como las mujeres y las niñas con discapacidad.

El plan incluye cinco áreas estratégicas que suman un total de 61 medidas. La primera es la sensibilización y la promoción de la concienciación social, con el objetivo de prevenir la trata y la explotación sexual a través de campañas y programas educativos dirigidos especialmente a la juventud, fomentando una cultura de tolerancia cero hacia la prostitución, la trata y la explotación sexual.

La segunda área es la identificación, derivación, protección y asistencia a las víctimas, a la que se destinan siete de los más de diez millones de euros del plan. Las víctimas recibirán protección, atención psicológica, médica y jurídica, y tendrán a su disposición recursos para su recuperación y reintegración social, incluyendo programas de acceso al empleo y de inclusión social, con el objetivo de garantizar su autonomía y facilitar su reincorporación efectiva en la sociedad.

El tercer pilar es la formación y la mejora de la capacitación profesional en la atención a las víctimas, para garantizar una intervención especializada, rápida y adecuada por parte de los profesionales implicados en ámbitos como el sanitario, el educativo, el de la seguridad o el judicial. La cuarta área es la cooperación, coordinación y colaboración institucional y social, para articular una respuesta compartida entre administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales, entidades sociales y otros agentes. La quinta se centra en la investigación y elaboración de estadísticas e informes para identificar patrones y tendencias en el tráfico de personas.

El plan tiene carácter transversal, ya que su aplicación requiere la implicación coordinada de administraciones, servicios públicos, fuerzas y cuerpos de seguridad, y los sistemas judicial, sanitario y educativo. Da una respuesta integral, procurando la protección inmediata de las víctimas y su atención psicológica, psiquiátrica, sanitaria y jurídica. El documento también recoge la necesidad de facilitar a las víctimas recursos materiales básicos, protección residencial, acceso al empleo, inserción social y educativa, y el acompañamiento necesario para alcanzar su plena recuperación.

Galicia fue una comunidad pionera en la elaboración de un instrumento específico de actuación en el ámbito de la trata con fines de explotación sexual. Desde 2010, la Xunta cuenta con un protocolo para la prevención, investigación y tratamiento de las víctimas. En 2022 se aprobó el I Plan galego, vigente hasta 2024, cuya evaluación global es positiva con el cumplimiento de la mayoría de las medidas.