El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha reclamado que la Xunta de Galicia promueva un acuerdo marco en Galicia ante la "amenaza" del convenio estatal de grandes cadenas en el sector del comercio textil y del calzado. La formación ha registrado iniciativas en el Parlamento gallego exigiendo al Gobierno autonómico que se reúna con los sindicatos en huelga para promover mecanismos que blinden las condiciones laborales de los actuales convenios provinciales.

La diputada del BNG en el Parlamento gallego, Carmela González, trasladó esta semana  en Vigo el apoyo a las reivindicaciones de las trabajadoras durante una reunión con la secretaria nacional de CIG-Servizos, Transi Fernández, y delegadas sindicales del sector. "El acuerdo negociado en Madrid va a suponer un recorte de derechos y una mayor precariedad en las condiciones laborales", criticó González.

Según ha explicado la representante nacionalista, el preacuerdo entre la patronal ARTE y los sindicatos CCOO y Fetico para un convenio estatal del sector afectará a 40.000 trabajadoras y trabajadores en Galicia, a pesar de que actualmente cuentan con convenios provinciales "muy consolidados". En el caso de la provincia de Pontevedra, señaló, se trata del marco laboral con las mejores condiciones de todo el sector en el Estado español.

Carmela González aseguró que el convenio estatal se traducirá en la congelación salarial "de facto" de todo el personal del sector, así como en peores condiciones para las nuevas personas contratadas. También advirtió de recortes en las medidas de conciliación, reducciones en los casos de bajas laborales y en días de permiso. "Va a ser una fuente de conflictos, con la posibilidad de despidos y presión a la baja en las condiciones de todo el personal", alertó.

Desde el Bloque insistieron en la necesidad de que la Xunta intervenga ante esta "amenaza" para que Galicia quede fuera del ámbito de aplicación de este convenio estatal, tal y como ya ha acordado el País Vasco, abriendo una negociación con las centrales sindicales en huelga, CIG y UGT. "El Gobierno de Rueda tiene que implicarse activamente para defender las condiciones laborales de miles de trabajadoras", remachó la diputada nacionalista.