La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, defendió  en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado la importancia de la colaboración y cooperación institucional en la modificación de la normativa estatal de gestión del litoral. Un diálogo y consenso que, lamentó, no existe en el procedimiento iniciado por el Gobierno central para reformar el Reglamento General de Costas, en el que, según denunció, está primando la unilateralidad y deslealtad institucional.

Por este motivo, la representante de la Xunta reiteró la petición de las comunidades autónomas de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico suspenda la modificación del reglamento que está en marcha y convoque de inmediato la Conferencia Sectorial para abrir un proceso de diálogo transparente y leal. Ángeles Vázquez denunció el "oscurantismo y la falta de información" en el procedimiento iniciado por el Ministerio y cuestionó la urgencia de reformar el reglamento con el pretexto de evitar una sanción derivada del expediente de infracción abierto por la Comisión Europea.

La conselleira aseguró que se trata de una "mera excusa" del Gobierno central para alcanzar sus fines ideológicos, pues España tiene abiertos en estos momentos un centenar de procedimientos sancionadores por parte de Bruselas, algunos desde hace más de 20 años, y en ninguno se muestra tanta urgencia como en este caso. Incidió en que no existe ninguna obligación inmediata que legitime esta reforma acelerada, contraria a derecho y que invade competencias autonómicas, y que vulnera los derechos adquiridos por miles de titulares de concesiones en el litoral que obraron confiando en los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

A estas acciones "totalmente arbitrarias y sin diálogo" del Gobierno central, Ángeles Vázquez contrapuso la rigurosa gestión de las comunidades autónomas. Recordó que desde que Galicia gestiona plenamente su costa, la Xunta impulsó la creación de un registro público de concesiones que el Ministerio nunca habilitó, simplificó y digitalizó la tramitación administrativa y unificó criterios en las tres provincias para dar seguridad jurídica a los administrados. Todo esto, concluyó, demuestra que las comunidades autónomas están preparadas para gestionar su litoral y que son las que mejor lo hacen cuando no tienen trabas como las que trata de poner nuevamente el Ministerio.