El Bloque Nacionalista Galego ha exigido el cese y la salida inmediata del gobierno local de la concejala del Área de Seguridad, Contratación, Festas y Xestión Municipal, Rodríguez Calviño, después de que un auto judicial la impute por los delitos de homicidio imprudente y lesiones por imprudencia grave. La decisión judicial, emitida por el Juzgado número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, pone fin a la instrucción de la causa abierta por la trágica muerte producida en una atracción de feria en las fiestas de Matamá en agosto de 2024.

El BNG señala que el auto resulta "contundente" al indicar que el gobierno municipal no habría adoptado las medidas necesarias para ejercer sus competencias legales en materia de inspección y control, lo que contribuyó al accidente en el que perdió la vida un vecino. Los nacionalistas destacan que ni la Comisión de Festas organizadora, ni el Jefe del Servicio del Área de Seguridad del Concello, ni el Jefe de la Policía Local han sido imputados, lo que sitúa la responsabilidad "para alén de la propieda de la propia atracción, también en la dirección política y en la propia acción de gobierno".

El BNG recuerda que desde el primer momento demandaron explicaciones al ejecutivo de Abel Caballero, que nunca fueron dadas. "Acudimos a una estrategia de confusión en la que se pretendió por el gobierno eludir toda responsabilidad imputándosela primero a la Comisión de Festas y tratando de derivarla después a la actuación de los efectivos de la Policía Local, como quedó de manifiesto en la propia declaración judicial de la señora Rodríguez Calviño", denuncia el comunicado.

Ante la gravedad del asunto y la decisión del alcalde de mantener en su cargo a la concejala imputada, los nacionalistas exigen que Caballero "dé la cara y proceda a comparecer de manera urgente ante el Pleno para dar las respuestas que la ciudadanía viguesa merece". Asimismo, reiteran la necesidad de constituir una Comisión Especial de Investigación a nivel municipal que permita depurar responsabilidades administrativas, detectar deficiencias en los procedimientos y adoptar medidas para que un suceso así no pueda volver a ocurrir.