Galicia
UGT reclama una ley básica estatal para acabar con la fragmentación y precariedad de los servicios de bomberos
El sindicato insta a crear un marco común que garantice la igualdad en la protección ciudadana y la profesionalización del colectivo, defendiendo en Galicia la integración de los cerca de 1.100 profesionales en un cuerpo autonómico.
UGT Servizos Públicos de Galicia presentó hoy su plataforma por una Ley Básica de Bomberos y Bomberas, una normativa urgente para garantizar que cualquier ciudadano reciba una atención de emergencia eficiente y profesional, independientemente de su lugar de residencia, y superar la actual fragmentación del sector, que cuenta con más de 130 servicios diferentes en todo el Estado con un total de 22.000 bomberos profesionales. En Galicia, el total de personal afectado de los servicios provinciales y de los concellos asciende a cerca de 1.100 profesionales.
Juan Loureiro, secretario del sector de Administración local de la Federación de Servizos Públicos de UGT Galicia, destacó que la actual Ley de Bases del Régimen Local 7/1985 resulta "insuficiente y obsoleta" para regular un servicio que es la base operativa de la protección civil. "La emergencia climática y los nuevos riesgos exigen una respuesta pública robusta y coordinada que la normativa actual no puede garantizar", señaló. Por su parte, Álvaro Negreira, responsable autonómico del Sindicato de Bomberos, defendió la "integración progresiva de los servicios locales y provinciales en cuerpos de bomberos autonómicos" para homogeneizar las condiciones, la organización y los tiempos de respuesta.
La plataforma de UGT propone que todo el personal tenga la condición de funcionario de carrera y agente de la autoridad, con acceso y promoción estandarizados en todo el territorio, escalas y categorías comunes integradas en el grupo C1. "Necesitamos un catálogo específico de enfermedades profesionales y una vigilancia de la salud que se extienda más allá de la vida laboral", reclamó Negreira. El sindicato incide en que el servicio debe ser de gestión directa y exclusivamente pública, rechazando cualquier tipo de externalización, y demanda una regulación estricta del voluntariado para que nunca sustituya las funciones estructurales de los profesionales.

UGT Servizos Públicos de Galicia presentó hoy su plataforma por una Ley Básica de Bomberos y Bomberas, una normativa urgente para garantizar que cualquier ciudadano reciba una atención de emergencia eficiente y profesional, independientemente de su lugar de residencia, y superar la actual fragmentación del sector, que cuenta con más de 130 servicios diferentes en todo el Estado con un total de 22.000 bomberos profesionales. En Galicia, el total de personal afectado de los servicios provinciales y de los concellos asciende a cerca de 1.100 profesionales.
Juan Loureiro, secretario del sector de Administración local de la Federación de Servizos Públicos de UGT Galicia, destacó que la actual Ley de Bases del Régimen Local 7/1985 resulta "insuficiente y obsoleta" para regular un servicio que es la base operativa de la protección civil. "La emergencia climática y los nuevos riesgos exigen una respuesta pública robusta y coordinada que la normativa actual no puede garantizar", señaló. Por su parte, Álvaro Negreira, responsable autonómico del Sindicato de Bomberos, defendió la "integración progresiva de los servicios locales y provinciales en cuerpos de bomberos autonómicos" para homogeneizar las condiciones, la organización y los tiempos de respuesta.
La plataforma de UGT propone que todo el personal tenga la condición de funcionario de carrera y agente de la autoridad, con acceso y promoción estandarizados en todo el territorio, escalas y categorías comunes integradas en el grupo C1. "Necesitamos un catálogo específico de enfermedades profesionales y una vigilancia de la salud que se extienda más allá de la vida laboral", reclamó Negreira. El sindicato incide en que el servicio debe ser de gestión directa y exclusivamente pública, rechazando cualquier tipo de externalización, y demanda una regulación estricta del voluntariado para que nunca sustituya las funciones estructurales de los profesionales.



































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