La entrada en vigor el pasado 28 de diciembre de la Ley SAC de Servicios de Atención a la Clientela no ha conseguido por el momento reducir el spam telefónico, según denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) . Una encuesta de la organización a una muestra representativa de la población española revela que el 98% de los consumidores siguen recibiendo llamadas comerciales no solicitadas. Lejos de mejorar, la situación ha empeorado: el número de personas que reciben más de 10 llamadas al mes ha aumentado del 37% al 58% en un año.

La OCU advierte que habrá que esperar a que transcurra el plazo de adaptación de 12 meses de la Ley SAC (hasta el 28 de diciembre de 2025) para confirmar su alcance real. Mientras tanto, urge a las empresas que comercializan servicios básicos (gas, luz, telecomunicaciones, transporte, agua o finanzas) a que empiecen a utilizar los prefijos 400 en sus llamadas comerciales, una norma obligatoria a partir del próximo octubre que al menos permitirá distinguir estas llamadas del resto y rechazarlas si se desea. También reclama a la Administración un registro público que identifique su procedencia, para que el usuario pueda saber quién le llama y denunciar posibles abusos.

La organización recuerda a los usuarios que un nuevo contrato que se origine con una llamada comercial no consentida se considera no válido. Desde el próximo 12 de junio se prohíbe la contratación telefónica del suministro de electricidad, salvo petición previa del usuario o que la llamada haya sido iniciada por él, una condición que la OCU espera que se extienda al suministro de gas. En estos casos, anima a reclamar a la compañía por escrito, identificando las fechas y el tipo de llamada recibida, personalmente o a través de la herramienta Reclamar.

La OCU destaca las molestias que estas malas prácticas causan a los usuarios, que se ven obligados a desarrollar distintas estrategias. Unas más efectivas que otras: que el propio móvil detecte las posibles llamadas de spam (lo emplea un 45% de los encuestados) o apuntarse a la lista Robinson de exclusión publicitaria (18%). Otras no lo son tanto: bloquear el número tras comprobar que es una llamada comercial (70%) no sirve de mucho, porque las compañías utilizan cientos de números diferentes. La organización exige que se garantice cuanto antes el derecho del consumidor a identificar de forma sencilla a la empresa para poder ejercer sus derechos de protección de datos, e insiste en controles e inspecciones, sobre todo en los sectores más denunciados: energía, telecomunicaciones y finanzas.