Los tres grupos de la oposición en el Concello de Ponteareas —BNG, PSOE y PEC— han presentado conjuntamente una denuncia administrativa ante la Dirección Xeral de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda por un posible incumplimiento de las condiciones de durabilidad de las obras de mejora de la eficiencia energética ejecutadas en la antigua Escuela Infantil Municipal de Ponteareas, financiadas con fondos europeos.

Según recogen los grupos denunciantes, el Concello destinó más de 100.000 euros a la rehabilitación energética de la escuela infantil, de los cuales el 80% correspondería a financiación europea FEDER. Sin embargo, denuncian que el inmueble está siendo demolido por el gobierno de Nava Castro antes de que transcurriese el período mínimo de conservación exigido por la normativa europea.

BNG, PSOE y PEC consideran que este hecho podría suponer un incumplimiento del artículo 71 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, que establece que las actuaciones financiadas con fondos europeos deben mantenerse durante un mínimo de cinco años desde el momento del pago final de la ayuda al beneficiario. Según señalan los tres grupos políticos, la propia documentación de la operación sitúa el cierre administrativo de la actuación en diciembre de 2023, por lo que el período de durabilidad no finalizaría, como mínimo, hasta diciembre de 2028.

Los grupos de la oposición advierten de que la demolición "injustificada y caprichosa" impulsada por el gobierno municipal puede tener graves consecuencias económicas para el Concello, al poner en riesgo la continuidad de una inversión financiada con fondos europeos. Señalan que "el derribo de la antigua escuela infantil podría obligar al Concello a reintegrar total o parcialmente las ayudas europeas recibidas, además de los correspondientes intereses y posibles responsabilidades derivadas de la mala gestión de los fondos públicos" .

En la denuncia también se solicita que se compruebe si el Concello comunicó previamente a las autoridades europeas o estatales la decisión de derribar el edificio financiado y si existió autorización o modificación formal de la operación subvencionada. Las tres formaciones políticas consideran especialmente grave que una actuación financiada con fondos públicos europeos para mejorar la eficiencia energética de un edificio municipal termine con la desaparición física de ese mismo inmueble apenas unos años después de la ejecución de las obras.