La Xunta trasladará de inmediato a la Comisión Europea los previsibles impactos que tendrá la reforma del Reglamento General de Costas en Galicia, una comunidad que tanto por la singularidad de su litoral como por el peso del sector marítimo-pesquero —el más importante de Europa— será de las más perjudicadas por los cambios propuestos de forma unilateral por el Gobierno central. Así lo avanzó la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, quien remitirá a las autoridades comunitarias las alegaciones presentadas por la Xunta al anteproyecto del nuevo reglamento, junto con el estudio de impacto económico elaborado por el grupo de trabajo constituido para analizar la reforma.

La conselleira lamentó que el único interlocutor que ha tenido la UE con relación al expediente de infracción que dio pie a esta reforma fue el Gobierno central, que no defendió ante Europa los intereses de las comunidades ni trasladó la realidad actual de las regiones costeras afectadas. "Lo que queremos es que la Comisión Europea disponga de la información necesaria para comprender la especificidad del litoral gallego y para evitar que, intentando resolver un problema jurídico, se acabe generando un problema económico, competencial y social mucho mayor" , resumió Vázquez.

La reforma regulamentaria que promueve el Ejecutivo central no resuelve nada porque trata de introducir cambios que afectan a una ley a través de un reglamento que, además, nace con un serio riesgo de anulación. El propio Ministerio para la Transición Ecológica admite que esta reforma no resolverá los problemas jurídicos detectados por Bruselas y será necesario abordar posteriormente una reforma de la Ley de Costas estatal. La Xunta ha alegado que la reforma es contraria a derecho, invade competencias exclusivas de las comunidades y generará un escenario de grave inseguridad jurídica.

El nuevo reglamento prevé la anulación de prórrogas sobre concesiones ya otorgadas, la denegación de otras solicitadas y un régimen más restrictivo para las nuevas concesiones, comprometiendo el futuro de instalaciones clave para la economía gallega como astilleros, conserveras o establecimientos de hostelería. La conselleira advirtió del impacto especial sobre la cadena mar-industria, que representa el 5% del PIB gallego, da empleo a más de 25.000 personas y tiene un valor de producción de unos 9.000 millones de euros, así como sobre la acuicultura (2.500 empresas y casi 4.500 trabajadores). Galicia tiene el litoral más extenso de España (2.555 km) donde se concentra más de la mitad de la población (cerca de 1,5 millones de habitantes). "Queremos una solución legal, segura y que respete a las instituciones públicas y a los ciudadanos" , concluyó la conselleira.