Comprar una casa en Galicia exige tener ahorrados de media 31.190 euros antes de firmar la hipoteca. Es la conclusión de un estudio de Qualis Credit Risk, que advierte de que ese desembolzo inicial se ha convertido en el principal muro que impide el acceso a la vivienda en propiedad, incluso para familias con capacidad de pagar la cuota mensual.

El cálculo parte de una vivienda tipo de 80 metros cuadrados de segunda mano, la más habitual en el mercado. La entidad toma como referencia el coste del metro cuadrado del Ministerio de Vivienda correspondiente al cuarto trimestre de 2025. La cifra final supone que el comprador gallego debe aportar de media el 25% del precio de compraventa entre la entrada (20% que no financia el banco), impuestos, notaría, registro y gestoría.

Por provincias, la brecha es notable. Pontevedra es la más cara: allí se requieren 38.333 euros de ahorro previo. El estudio no desglosa las cifras para A Coruña, Lugo y Ourense, pero sitúa a Galicia por debajo de la media de comunidades como Madrid, Cataluña o País Vasco, aunque por encima de Extremadura o Castilla-La Mancha.

El problema, según la firma, no es solo el precio de la vivienda. Entre un 30% y un 31% del ahorro necesario se va en impuestos y costes de formalización de la operación. Es decir, una parte importante del esfuerzo inicial no se traduce en patrimonio, sino en gastos muertos.

Mariola Municio, responsable de Qualis Credit Risk en España, lo explica sin rodeos: "Hay miles de potenciales compradores que cuentan con solvencia económica para afrontar la cuota del préstamo, pero no tienen suficientes ahorros para hacer frente a la entrada". Esa demanda insatisfecha, señala, "se relega al mercado del alquiler", lo que a su vez dispara los precios de los arrendamientos.

El informe incluye datos de Idealista: en los dos últimos años, el precio del alquiler ha subido un 24%, la oferta de pisos ha caído un 17% y la demanda se ha disparado un 79%. Todo ello pese a la Ley por el Derecho a la Vivienda.

La edad media de emancipación en España sigue en 30,2 años (Eurostat, 2025), una cifra que refleja el atasco generacional provocado por esta barrera de entrada.