El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicaba este viernes la primera orden autonómica que, con un presupuesto inicial de 1,5 millones de euros, está destinada a rehabilitar viviendas en concellos de menos de 20.000 habitantes para después alquilar o ceder su uso a personas contratadas por empresas con centros de trabajo en Galicia. El plazo de solicitud de ayudas arranca este sábado 16 de mayo y se prolongará hasta el próximo 15 de julio.

La convocatoria bianual (2026-2027), impulsada conjuntamente por las consellerías de Emprego, Comercio e Emigración y de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, busca dar respuesta a las necesidades de mano de obra del tejido productivo y al acceso a la vivienda de los trabajadores, al tiempo que se avanza en la fijación de población y la vertebración del territorio.

Pueden recibir ayuda para rehabilitar viviendas unifamiliares o edificios residenciales los propietarios, usufructuarios o cesionarios de los inmuebles por un mínimo de 10 años: tanto las propias empresas que contratan, como personas físicas o jurídicas y concellos que pacten con ellas destinar las viviendas a sus trabajadores. Para garantizar la cobertura de vacantes laborales, se valorará que las viviendas sean para personas beneficiarias del programa Retorna Cualifica Emprego o de las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME) .

La orden contempla dos líneas: una para empresas y personas físicas o jurídicas (750.000 euros) y otra para concellos (750.000 euros). Las ayudas pueden destinarse a terminación, ampliación, obras de accesibilidad, conservación, habitabilidad, sostenibilidad o eficiencia energética. Las cuantías máximas alcanzan hasta el 95% del presupuesto protegido de las obras, con un límite de 50.000 euros por vivienda unifamiliar en la línea de empresas y de 75.000 euros si el solicitante es un concello. En edificios residenciales, el tote es de 30.000 euros por vivienda y un máximo de 300.000 euros por inmueble (hasta 10 viviendas).

A la hora de puntuar las solicitudes se tendrán en cuenta también otros criterios: que las viviendas sean para trabajadores de sectores estratégicos (automoción, naval, metalmecánico, TIC, industrias culturales, agroalimentario, pesquero, forestal o cuidados de mayores), la distancia al centro de trabajo (no superior a 15 km), la demografía del municipio, la ubicación en áreas Rexurbe y la sostenibilidad de la rehabilitación mediante mejora de la eficiencia energética o uso de materiales de bajo impacto ambiental.