Los ríos gallegos, desde el Miño hasta el Lérez, pasando por el Ulla, el Tambre o el Eume, son el territorio de juego de los palistas. Pero cada seis años, cuando se renuevan los planes hidrológicos, el piragüismo federado se juega mucho más que unos rápidos: se juega su propia existencia como actividad reconocida.

La Federación Galega de Piragüismo (FEGAPI) ha movido ficha ante el actual ciclo de planificación 2028-2033. Ha remitido comunicaciones institucionales a los tres grupos parlamentarios gallegos (PPdeG, PSdeG-PSOE y BNG) y a la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para que el piragüismo federado deje de ser considerado un "otro uso" genérico y pase a tener entidad propia en los futuros planes hidrológicos de las demarcaciones Miño-Sil y Galicia-Costa.

Lo que está en juego

Los Esquemas provisionales de Temas Importantes (EpTI) que ahora están en información pública no son papeles menores. Son el borrador de lo que será la hoja de ruta del agua en Galicia durante seis años. En ellos se deciden caudales, cotas de embalses, restricciones de navegación, accesos al dominio público hidráulico, medidas de bioseguridad y la lucha contra especies exóticas invasoras. Todo eso afecta directamente a los más de quince municipios gallegos con actividad federada y a ríos emblemáticos como el Miño, Sil, Tea, Cabe, Arnoia, Limia, Ulla, Tambre, Eume, Mandeo o Lérez.

FEGAPI lo explica con una frase que resume el fondo del asunto: "El piragüismo federado es una actividad deportiva reglada, trazable, no consuntiva y vinculada al interés público deportivo". Por eso pide que los planes hidrológicos la reconozcan de forma específica, y no la diluyan en cajones genéricos como "otros usos", "usos recreativos" o "navegación".

Plazos que corren

El tiempo apremia. El plazo de alegaciones del EpTI de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil termina el 28 de mayo de 2026. Para Galicia-Costa, la fecha estimada es el 22 de junio, aún pendiente de confirmación oficial.

La Federación ofrece su colaboración técnica y jurídica a ayuntamientos y entidades locales para redactar alegaciones, acreditar la relevancia territorial del piragüismo e identificar los municipios afectados. Su objetivo es claro: que el deporte de las palas no sea una nota a pie de página en la gestión del agua.