El conflicto entre la Comunidad de Montes de Tameiga y los empresarios asentados en el polígono industrial de Monte Faquiña se ha vuelto contra el Concello de Mos. Al menos dos empresas han presentado escritos ante la Administración Local para evitar que prescriba su derecho a reclamar fuertes indemnizaciones por los perjuicios derivados de una disputa que se remonta a 2016, cuando los tribunales otorgaron la propiedad de los terrenos a la entidad comunal.

Según ha podido saber Xornal21.es a través de la Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes, las compañías recuerdan en sus escritos la responsabilidad del Concello por no haberlas informado en su día del cambio de titularidad de las parcelas que ocupan en el parque empresarial. Ahora, las empresas anticipan que exigirán compensaciones tanto por las inversiones millonarias realizadas bajo los acuerdos con el Concello como por los pagos ya efectuados a la Comunidad de Montes. Según estimaciones de la plataforma, la suma de las reclamaciones no bajará de los cinco millones de euros.

El origen del conflicto está en la decisión de la Comunidad de Montes de Tameiga de no respetar las condiciones de los contratos fijados en su día por el Concello de Mos, anterior propietario del polígono, con las firmas asentadas en la zona. Muchas de estas compañías realizaron inversiones millonarias bajo la premisa municipal de contar con cánones determinados y con una duración de las concesiones suficiente para garantizar la amortización del negocio. Después se encontraron con que sus concesiones caducaban sin que se respetaran los acuerdos tácitos y verbales alcanzados con el Concello para prorrogarlas, y con que la Comunidad de Montes pretendía imponerles un canon con incrementos superiores al 1.200%.

La versión de los propietarios

Desde la Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes denuncian que la Comunidad de Montes mantiene una "campaña de presión y acoso" sobre vecinos y empresas. El propietario de una parcela de Monte Faquiña, aún sin urbanizar, asegura que, por segunda vez, los comuneros irrumpieron en su propiedad para realizar distintos trabajos sin permiso, en este último caso para habilitar un camino de paso. Según su relato, en su día los comuneros ejecutaron tareas de roza en la finca y él les solicitó formalmente que se abstuvieran de entrar, pero ellos recurrieron a los argumentos de la posesión inmemorial del monte para dejar claro que seguirían actuando del mismo modo.

En su momento, cinco empresas lograron una sentencia favorable en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 do Porriño, que entendía que se había vulnerado el principio de confianza legítima y que existió una clara voluntad política por parte del Concello de Mos para prorrogar sus contratos. Pero la Audiencia Provincial revocó después aquella sentencia y el caso continúa hoy pendiente de un largo recorrido por distintos tribunales.