El magistrado de la plaza 1 de la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia de Pontevedra ha recordado que los afectados por el cobro indebido de peajes de la AP-9 entre febrero de 2015 y junio de 2018 deben realizar un trámite previo antes de solicitar la ejecución de la sentencia, tal y como establece el artículo 519 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho trámite, de carácter declarativo, consiste en la "solicitud del interesado, traslado para alegaciones al condenado y decisión mediante auto".

En un auto, el juez subraya que, si bien el fallo –confirmado por el Tribunal Supremo– condenó a Audasa a reintegrar los peajes cobrados durante 81 incidencias por obras en el puente de Rande, también se especifican "los datos que esas personas que se consideren beneficiarias de la condena tienen que aportar para lograr su reconocimiento como tales".

Esos datos son tres: acreditación de su condición de consumidores, acreditación de que circularon por tramos afectados en las fechas y franjas horarias señaladas, y acreditación de las cantidades concretas abonadas en peajes.

El magistrado deniega la ejecución de la sentencia solicitada por la Asociación de Consumidores En Colectivo, "la cual dice actuar en nombre de varios de sus asociados (14 en total)", por carecer de título ejecutivo. El juez explica que la asociación se personó en el proceso y se adhirió a la demanda del Ministerio Fiscal, al igual que diversos usuarios, "ninguno de los cuales coincide con los asociados por los que En Colectivo dice actuar ahora". Además, señala que la asociación "ni siquiera aporta en su totalidad" los datos requeridos.

El auto no es firme y puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.