El Juzgado de lo Social número 3 de Vigo ha condenado al Concello por incumplir de forma continuada las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales en el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS). La sentencia, dictada tras una demanda presentada por la CUT a la que se adhirieron CIG, UXT y CASIPOL, confirma que los bomberos vigueses llevan años trabajando con documentación preventiva obsoleta y sin que el gobierno local haya dado un cumplimiento real a los requerimientos de la Inspección de Trabajo.

El fallo judicial es demoledor. La jueza concluye que el Concello no ejecutó de forma efectiva las exigencias planteadas por la Inspección en 2023 y 2024, que reclamaban la actualización urgente del Plan de Prevención, caducado desde 2010 , y de la evaluación de riesgos del SPEIS, desfasada desde 2018 . Tampoco se revisaron protocolos, dotaciones ni la organización interna del servicio. La resolución afirma literalmente que esta situación supone un "grave riesgo para los trabajadores y para el interés general" .

La magistrada destaca que el Concello únicamente realizó "intentos", pero en ningún caso completó ni implantó medida alguna de forma real. La falta de una evaluación de riesgos actualizada afecta directamente, según recoge la propia Inspección, a la organización de turnos, las dotaciones y los protocolos de actuación de un servicio esencial.

La sentencia coincide con el segundo aniversario de la muerte de Sergio Sanlés, el bombero vigués fallecido en acto de servicio en 2024 cuando se derrumbó el inmueble que estaba inspeccionando. Aquel suceso ya estuvo profundamente marcado por las críticas a la escasez de efectivos en los equipos de guardia.

Dos años después, la CUT advierte de que la situación sigue siendo crítica. El sindicato denuncia que el servicio continúa funcionando por debajo de los mínimos recomendados y que el personal de nuevo ingreso no estará operativo hasta después del verano, por lo que no reforzará los turnos en la época de mayor riesgo. "Vigo afrontará el verano sin planificación preventiva actualizada, sin adaptación real a las condiciones actuales del servicio, con mayor riesgo para bomberos y ciudadanía y una alta probabilidad de cierre del parque de bomberos de Esturáns por falta de efectivos", alertan desde la central sindical.

La sentencia obliga ahora al Concello a cumplir de manera inmediata y efectiva todos los requerimientos exigidos por la Inspección de Trabajo.