La Guardia Civil ha desarticulado en la provincia de Pontevedra un complejo entramado societario dedicado al fraude masivo mediante contratos de arrendamiento financiero de vehículos industriales. La operación, bautizada como "Capitalpo" , se ha saldado con la detención de dos empresarios, un tercero investigado y la recuperación de una flota de vehículos valorada en más de 1,5 millones de euros.

La investigación comenzó de forma casual el pasado mes de octubre, cuando una patrulla de Tráfico interceptó en Sanxenxo un vehículo sobre el que pesaba una denuncia por sustracción presentada en Madrid. En los días posteriores, los agentes localizaron más vehículos en circunstancias similares, entre ellos un coche de alta gama y varias furgonetas halladas en una nave de las afueras de Pontevedra vinculada a una empresa de construcción con sede en Vigo.

Poco después, en Tui , se intervino un camión que también figuraba como sustraído. Los investigadores comprobaron que detrás de estos hallazgos operaba una trama perfectamente organizada. Durante el primer trimestre de 2026 fueron localizados e intervenidos otros catorce camiones y remolques distribuidos entre Pontevedra y Murcia.

El modus operandi utilizaba empresas pantalla sin actividad real para obtener vehículos industriales mediante contratos financieros fraudulentos. Según ha podido saber Xornal21.es de fuentes cercanas a la investigación, los contratos presentaban firmas presuntamente falsificadas que no coincidían con sus titulares reales, domicilios ficticios y cláusulas incumplidas de forma sistemática. Las cuotas dejaban de abonarse, pero los vehículos continuaban siendo explotados comercialmente.

Las pesquisas revelaron también conexiones con los casos de quiebra de varias empresas de congelados y un entramado societario con ramificaciones en Barcelona, Pontevedra y Vigo.

La explotación de la operación culminó con la detención en Pontevedra del principal investigado , un empresario vinculado a las sociedades radicadas en Barcelona y la ciudad del Lérez. De forma simultánea, en Vigo fue arrestado el representante de la empresa de construcción, mientras que en Poio se investigó al administrador de varias de las mercantiles relacionadas con la trama.

Los agentes registraron la sede de la constructora en Vigo y un domicilio en Pontevedra, donde se intervino abundante documentación física y digital considerada clave para el avance de la causa. La investigación, desarrollada por el Grupo de Patrimonio de la Policía Judicial de Pontevedra con apoyo del Grupo GIAT del Subsector de Tráfico, continúa abierta bajo la dirección del titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 9 de Barcelona.