La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a cuatro años y ocho meses de cárcel a un administrador de una empresa por delitos continuados contra la propiedad industrial, falsedad en documento mercantil y estafa. El tribunal le impone además la obligación de indemnizar a las víctimas con 92.665 euros y a la empresa titular de las marcas, en concepto de daño moral, con 30.000 euros.

La Sala da por probado que el acusado, en su calidad de administrador, importó desde China y comercializó máquinas de cirugía estética rotuladas sin autorización con marcas registradas. Esta conducta generó un perjuicio tanto a los compradores como a la empresa propietaria de las marcas.

Según subrayan los magistrados en la sentencia, “los compradores, que regentan clínicas de estética, que habían adquirido las citadas máquinas, a raíz del mal funcionamiento de las mismas o ante la falta de respuesta en el servicio postventa por parte del vendedor, se pusieron en contacto con los laboratorios a fin de obtener información sobre estos aparatos, sin que la marca los hubiese vendido, ni autorizado su venta”.

Además de la pena de prisión y las indemnizaciones, el tribunal ha acordado el comiso y destrucción de la mercancía intervenida. La sentencia no es firme, ya que contra ella cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).