La escena es cotidiana: entramos en el supermercado, comparamos precios, elegimos lo de siempre anotado en papel y seguimos con nuestra vida. Pero en ese gesto rutinario se esconde una trampa silenciosa. Lo que antes pesaba un kilo ahora pesa 900 gramos; los 20 kilos se han convertido en 18; los 250 gramos, en 225. El envase es idéntico, el precio también. Lo único que cambia, y a peor, es la cantidad. A esta práctica se la conoce como reduflación, un término tan feo como la estrategia que describe.

La reduflación es legal, sí, pero profundamente deshonesta. Las empresas están obligadas a informar del contenido neto, pero saben perfectamente que la mayoría de consumidores mira el precio, no los gramos. Y juegan con ello. No mienten, simplemente nos dejan que no nos demos cuenta. Es una forma de trasladar costes sin asumir el desgaste reputacional de subir precios. Una jugada maestra… para ellas.

Tras la guerra entre Rusia y Ucrania, la inflación media en España rozó el 6% (según el Instituto Nacional de Estadística). Era lógico pensar que, una vez estabilizados los mercados, los precios y formatos volverían a su cauce. Pero no. La reduflación, lejos de ser una medida temporal, se ha convertido en una cómoda costumbre empresarial. Lo que sube no baja, y lo que se reduce no vuelve a crecer.

El problema no es solo económico, es moral. Se normaliza una práctica que erosiona la confianza del consumidor y degrada la relación entre empresas y ciudadanía. Y mientras tanto, seguimos llenando el carro creyendo o autoengañándonos que compramos lo mismo de siempre.

Quizá ha llegado el momento de mirar no solo el precio, sino lo que realmente estamos pagando. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará por nosotros