Ya no hace falta que sea verano para que haya incendios. España arde en cualquier estación y lo hace, sobre todo, por la mano del ser humano. Esta afirmación no es una sospecha ni una exageración, es un hecho. El factor humano está presente en la mayoría de los incendios forestales que se producen en el país. Pero conviene matizarlo, porque no todos los fuegos nacen de una voluntad explícita de destruir. Una parte importante surge de descuidos, negligencias, quemas sin permiso, accidentes de circulación o actividades agrícolas mal gestionadas. Solo una minoría responde a causas naturales como la caída de un rayo o el efecto lupa de un cristal abandonado en el monte.

Y, sin embargo, seguimos hablando de incendios como si fueran fenómenos meteorológicos inevitables, como si la naturaleza tuviera la culpa de lo que nosotros mismos provocamos. Cuando se publican datos sobre superficies quemadas, se expresan en hectáreas, una unidad que muchos ciudadanos no visualizan. Una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados, pero los medios suelen traducirla a campos de fútbol o piscinas olímpicas, referencias que tampoco todo el mundo domina. Lo que sí sabemos todos es lo que ocupa un metro cuadrado. Y cuando uno multiplica ese metro por diez mil, y luego por cientos o miles de hectáreas, empieza a comprender la magnitud real del desastre.

A mediados del siglo XX, el paisaje rural español era otro. Existía un pastoreo intensivo, especialmente de ganado ovino y caprino, capaz de aprovechar al máximo los recursos del monte. Ese pastoreo mantenía el territorio limpio de biomasa, reducía el matorral y actuaba como un cortafuegos natural. Un monte que antes se cuidaba. Hoy, ese equilibrio se ha roto.

La desaparición de la trashumancia, la casi extinción de la figura del pastor y la proliferación de espacios protegidos donde el ganado ya no puede entrar han dejado los montes abandonados a su suerte. A esto se suma el despoblamiento rural y el envejecimiento de quienes aún resisten en los pueblos. Antes, incluso las pequeñas actividades agrícolas contribuían a limpiar el monte, la biomasa se recogía para camas de animales, para compost, para usos domésticos.

Ahora, las zonas que fueron cultivadas o pastoreadas están cubiertas de matorrales densos y continuos, auténticos corredores de fuego que, sin una gestión adecuada, están condenados a arder tarde o temprano cuando arden, lo hacen con una violencia que antes era impensable. Más combustible, más continuidad vegetal, más dificultad para acceder a los focos. El resultado es un escenario perfecto para incendios de alta intensidad, esos que los expertos llaman “inapagables”. El cambio climático no es una amenaza futura, es un acelerador presente. Según un estudio reciente publicado en Scientific Reports, estamos ante un “cambio sin precedentes” en la actividad global de los incendios, directamente relacionado con el calentamiento del planeta. El aumento de las temperaturas y la sequía prolongada son ya la norma, no la excepción. Y ambos factores son gasolina para cualquier chispa. España, especialmente sus regiones atlánticas y mediterráneas, vive un proceso de tropicalización estacional, inviernos más suaves, veranos más largos, primaveras más secas. El monte se convierte en un polvorín durante más meses al año. Y lo peor es que seguimos gestionándolo como si viviéramos en 1970. El clima ya no es un aliado.

En Galicia, la Ley 3/2007 de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales obliga a mantener limpios de maleza y especies pirrófitas (como acacias o eucaliptos) todos los terrenos situados a menos de 50 metros de viviendas, núcleos poblacionales o instalaciones. La norma es clara. La realidad, no tanto.

Miles de viviendas están construidas literalmente pegadas al monte, y ese monte, en demasiados casos, no cumple la legislación. La maleza crece alta, densa, continua. Un polvorín. El propietario está obligado a mantener su parcela limpia, pero muchos no pueden, no saben o no quieren hacerlo. Para esos casos, la FEGAMP y la empresa pública SEAGA firmaron acuerdos con numerosos ayuntamientos para realizar limpiezas subsidiarias y luego pasar la factura. Una solución necesaria, pero insuficiente.

Porque la pregunta es otra: ¿cómo hemos permitido construir viviendas en zonas de riesgo sin exigir un mantenimiento estricto y permanente? ¿Cómo puede ser que un simple descuido convierta una casa en una trampa mortal? Cuando un incendio se descontrola y se activan todos los medios disponibles, el despliegue es enorme. Y caro. Muy caro. Pero pocas veces se habla de la factura económica que dejan las llamas, la factura que nadie quiere mirar. Los brigadistas, dependiendo de su categoría profesional, superan los 20 euros por hora. Los hidroaviones cuestan entre 5.500 y 6.000 euros por hora. Los helicópteros, entre 4.000 y 4.500 euros, según su capacidad de carga. Los vehículos todoterreno, motobombas, buldócer y palas excavadoras oscilan entre 60 y 100 euros por hora.

Un incendio de apenas 30 hectáreas puede rondar los 300.000 euros. Y hablamos de uno pequeño. En los grandes incendios, la cifra se dispara a millones. Millones que salen de las arcas públicas. Millones que podrían destinarse a prevención, a gestión forestal, a educación ambiental, a vigilancia. Millones que, en el caso de los incendios intencionados, son dinero literalmente tirado al fuego. Mejor no hacer cuentas, porque el resultado es insoportable.

En cada incendio, los medios aéreos descargan miles de litros de agua. Un hidroavión anfibio puede transportar 5.000 litros en cada carga. Un helicóptero, además de llevar brigadistas, puede transportar 1.500 litros en su cesta. A esto se suma el agua utilizada por los medios terrestres. Mientras tanto, se pide a la población que reduzca su consumo doméstico, que cierre el grifo, que riegue menos, que ahorre. Y es cierto: el agua es un recurso escaso. Pero la paradoja es evidente. La sequía agrava los incendios, y los incendios obligan a gastar más agua. Un círculo vicioso que pagamos todos.

La Guardia Civil, la Policía Nacional, las policías autonómicas, las patrullas del Ejército, la UME y las policías locales vigilan los montes en la medida de lo posible. Pero la cultura del fuego sigue viva. Los incendiarios (hombres y mujeres) conocen el terreno, saben dónde prender, cuándo sopla el viento, cómo dificultar la extinción. Detectarlos es difícil. Prevenirlos, aún más. Y mientras no se aborde el problema desde la raíz, educación, vigilancia, sanciones ejemplares, gestión forestal real, etc. seguiremos apagando fuegos que podrían haberse evitado.

Un incendio no empieza cuando arde el primer árbol. Empieza años antes, cuando se abandona el monte, cuando se deja de pastorear, cuando se construye sin criterio, cuando no se limpia, cuando se mira hacia otro lado. Empieza cuando se normaliza la negligencia y se tolera la impunidad. España no puede permitirse seguir ardiendo. No por fatalidad, sino por responsabilidad. Porque el fuego no es un destino, es una consecuencia.