Centenares de empleados y empleadas públicas de la Administración gallega apoyaron este miércoles la concentración convocada por CCOO, CSIF y UGT frente a la sede de la Xunta en Santiago, en una movilización contra el "recorte de derechos" y en defensa de unos servicios públicos de calidad.

Las tres organizaciones sindicales denunciaron la "creciente deriva" de la Administración autonómica con actuaciones y omisiones que reflejan una forma de proceder basada en la imposición, el recorte de derechos y la ausencia de un marco real de negociación colectiva, debilitando gravemente las relaciones laborales en el ámbito de la Administración gallega.

Como ejemplos recientes, los sindicatos señalaron la imposición de la modificación del decreto de listas de contratación temporal pese al voto en contra de las tres organizaciones, "el caos generado en la resolución de numerosos procesos selectivos y en el concurso de traslados", y la "incomprensible decisión de devolver a SEAGA la gestión de las brigadas para la prevención y defensa de incendios forestales".

CSIF, UGT y CCOO demandaron la suspensión de la reforma del Decreto de listas, la agilización de los procesos de concurso y estabilización, y el refuerzo del personal de SPIF con gestión directa de la Consellería. Entre las cuestiones pendientes de negociación figuran la implantación de la jornada de 35 horas, un nuevo acceso extraordinario a la carrera profesional, la puesta en marcha del sistema ordinario de carrera profesional, el desarrollo del grupo B de clasificación profesional, un impulso a la promoción interna, la implantación del concurso abierto y permanente, la ampliación de coeficientes reductores a otras especialidades de extinción de incendios y medio ambiente, y avances en las mesas de negociación de la Consellería do Medio Rural.

"La defensa de los derechos del personal empleado público es también la defensa de unos servicios públicos al servicio de toda la sociedad", recordaron los sindicatos, que advirtieron de que esta es la primera movilización de una campaña que irá más allá en los próximos meses para denunciar el "deterioro progresivo de la función pública" y exigir un cambio radical en la actitud de la Administración. Las tres organizaciones subrayaron su "unanimidad y acuerdo de unidad de acción sindical frente a movilizaciones unilaterales oportunistas".