La Xunta ha elevado la presión sobre el Gobierno central al firmar este jueves en Santiago la Declaración Compostela, un documento que une a los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León y al tejido empresarial de las tres comunidades en una exigencia común: el rescate de la AP-9 y el cumplimiento del dictamen europeo sobre las prórrogas de esta autopista y de la AP-66.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, avanzó durante el encuentro 'As infraestruturas viarias do Noroeste' que los tres ejecutivos autonómicos solicitarán una reunión con el vicepresidente ejecutivo de Mercado Interior de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, para trasladarle "una situación de discriminación territorial que es inaceptable". Allegue criticó que mientras el Gobierno libera peajes en otros territorios, la AP-9 es cada vez más cara, con trayectos de ida entre Ferrol y Tui que alcanzan los 28 euros y de A Coruña a Vigo, 21,40 euros.

La conselleira reivindicó que "el Gobierno central rescate la AP-9", argumentando que "su coste es equivalente a lo que debe pagar por las bonificaciones comprometidas hasta el fin de la concesión". Defendió además una transferencia de la titularidad a la Xunta "financiada", es decir, sin cargas extra para la comunidad y con la certeza de que los futuros costes derivados de procesos judiciales abiertos sean asumidos por el Estado.

El acto contó con la participación del conselleiro de Mobilidade del Principado de Asturias, Alejandro Calvo; la secretaria general de la Consellería de Mobilidade de Castilla y León, Natalia Flórez; y los presidentes de las confederaciones empresariales de las tres regiones, junto a Diego Maraña, presidente de EN-COLECTIVO, impulsor de la iniciativa. Allegue recordó que la Xunta ya ha presentado un escrito de demanda para exigir la información que el Estado remitió a Bruselas sobre el dictamen de la AP-9, e instó a que el procedimiento de infracción se culmine con celeridad.