GALICIA
Xunta, Asturias y Castilla y León firman la 'Declaración Compostela' para exigir el rescate de la AP-9 y la AP-66
La Xunta de Galicia, los Gobiernos de Asturias y Castilla y León, y el tejido empresarial de las tres comunidades han firmado la Declaración Compostela, un documento que insta a la Comisión Europea a culminar el dictamen sobre las prórrogas de la AP-9 y la AP-66. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, participó en el encuentro 'As infraestruturas viarias do Noroeste' organizado por la Confederación de Empresarios de Galicia, donde se rubricó la alianza para la defensa de ambas autopistas.
Allegue avanzó que "los tres Gobiernos autonómicos solicitarán una reunión con el vicepresidente Ejecutivo de Mercado Interior de la CE, Stéphane Séjourné, para trasladarle la preocupación ante una discriminación territorial que es inaceptable". La conselleira recordó que el Gobierno gallego acaba de presentar un escrito de demanda para exigir la información que el Estado remitió a la Comisión Europea en relación con el dictamen sobre la prórroga de la concesión de la AP-9.
La titular de Infraestructuras reivindicó que "el Gobierno central rescate la AP-9" , pues su coste es "equivalente al que debe pagar por las bonificaciones comprometidas hasta el fin de la concesión". Defendió la transferencia de la AP-9 a la Xunta, pero "financiada", es decir, sin cargas extra para la Comunidad, y con la certeza de que las futuras cargas que puedan surgir de los procesos judiciales abiertos en relación con la autopista sean asumidas por el Estado.
Allegue criticó que mientras el Gobierno libera peajes en otros territorios, la AP-9 es cada vez más cara. Puso como ejemplos los trayectos, solo de ida, entre Ferrol y Tui, con un desembolso de 28 euros, y el de A Coruña a Vigo, con 21,40 euros. Subrayó que la AP-9 presta servicio a más del 60% de la población gallega y une las principales ciudades. Finalmente, hizo hincapié en que el traspaso debe respetar el texto aprobado por unanimidad en la Proposición de Lei Orgánica del Parlamento de Galicia, "sin desvirtuarlo como pretenden ahora grupos políticos como PSOE, BNG y Sumar".

La Xunta de Galicia, los Gobiernos de Asturias y Castilla y León, y el tejido empresarial de las tres comunidades han firmado la Declaración Compostela, un documento que insta a la Comisión Europea a culminar el dictamen sobre las prórrogas de la AP-9 y la AP-66. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, participó en el encuentro 'As infraestruturas viarias do Noroeste' organizado por la Confederación de Empresarios de Galicia, donde se rubricó la alianza para la defensa de ambas autopistas.
Allegue avanzó que "los tres Gobiernos autonómicos solicitarán una reunión con el vicepresidente Ejecutivo de Mercado Interior de la CE, Stéphane Séjourné, para trasladarle la preocupación ante una discriminación territorial que es inaceptable". La conselleira recordó que el Gobierno gallego acaba de presentar un escrito de demanda para exigir la información que el Estado remitió a la Comisión Europea en relación con el dictamen sobre la prórroga de la concesión de la AP-9.
La titular de Infraestructuras reivindicó que "el Gobierno central rescate la AP-9" , pues su coste es "equivalente al que debe pagar por las bonificaciones comprometidas hasta el fin de la concesión". Defendió la transferencia de la AP-9 a la Xunta, pero "financiada", es decir, sin cargas extra para la Comunidad, y con la certeza de que las futuras cargas que puedan surgir de los procesos judiciales abiertos en relación con la autopista sean asumidas por el Estado.
Allegue criticó que mientras el Gobierno libera peajes en otros territorios, la AP-9 es cada vez más cara. Puso como ejemplos los trayectos, solo de ida, entre Ferrol y Tui, con un desembolso de 28 euros, y el de A Coruña a Vigo, con 21,40 euros. Subrayó que la AP-9 presta servicio a más del 60% de la población gallega y une las principales ciudades. Finalmente, hizo hincapié en que el traspaso debe respetar el texto aprobado por unanimidad en la Proposición de Lei Orgánica del Parlamento de Galicia, "sin desvirtuarlo como pretenden ahora grupos políticos como PSOE, BNG y Sumar".





































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