Vigo
El TSXG reconoce la titularidad de una finca a un vecino de Cabral tras casi 30 años de conflicto con los comuneiros
El tribunal no admitió el recurso de la Comunidad de Montes contra la sentencia de la Audiencia y dejó firme el fallo favorable al afectado. La Plataforma de Afectados celebra el fin del "calvario" de esta familia.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha puesto fin al largo enfrentamiento mantenido entre la familia de Ramón Arines y la Comunidade de Montes en Man Común de Santa Mariña de Cabral por una parcela de unos tres mil metros cuadrados situada en la contorna del Instituto Feiral de Vigo, junto a la zona de aparcamiento exterior.
El predio pertenece a este vecino de Cabral desde 1996, cuando lo adquirió a sus antiguos dueños para reconstruir la vivienda existente y vivir en ella. Sin embargo, se vio obligado a parar las obras por la presión de los comuneiros, empeñados en hacer una permuta, y por acciones intimidatorias como un incendio o el derribo parcial del muro de cierre. El TSXG no admitió el recurso de la Comunidad de Montes contra la sentencia de la Audiencia Provincial, dejando firme el fallo favorable al demandante.
La resolución inicial del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vigo, confirmada por la Audiencia, entendió que no existía prueba suficiente para situar el terreno en disputa dentro del perímetro comunal de Cotogrande y que el plano de 1891 en que se basó la demanda tenía un valor "más que dudoso". La sentencia también consideró relevante la transformación física de la zona con la construcción de la autopista y el recinto ferial, "que permiten cuestionar que persistan en la actualidad vestigios físicos que puedan extrapolarse desde el siglo XIX". La Audiencia incidió en que una parte de la parcela figura inscrita oficialmente como solo urbano, recordando otra sentencia del TSXG que declara expresamente que "el suelo urbano no puede ser monte".
La Plataforma Galega de Afectados por Comunidades de Montes celebró la finalización "del calvario que estuvo padeciendo esta familia durante muchísimos años", e insistió en la necesidad de que la Administración autonómica intervenga y ponga fin "al absurdo de las reclamaciones de los comuneiros sobre terrenos y propiedades particulares en base a un supuesto aprovechamiento inmemorial sin evidencia alguna".

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha puesto fin al largo enfrentamiento mantenido entre la familia de Ramón Arines y la Comunidade de Montes en Man Común de Santa Mariña de Cabral por una parcela de unos tres mil metros cuadrados situada en la contorna del Instituto Feiral de Vigo, junto a la zona de aparcamiento exterior.
El predio pertenece a este vecino de Cabral desde 1996, cuando lo adquirió a sus antiguos dueños para reconstruir la vivienda existente y vivir en ella. Sin embargo, se vio obligado a parar las obras por la presión de los comuneiros, empeñados en hacer una permuta, y por acciones intimidatorias como un incendio o el derribo parcial del muro de cierre. El TSXG no admitió el recurso de la Comunidad de Montes contra la sentencia de la Audiencia Provincial, dejando firme el fallo favorable al demandante.
La resolución inicial del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vigo, confirmada por la Audiencia, entendió que no existía prueba suficiente para situar el terreno en disputa dentro del perímetro comunal de Cotogrande y que el plano de 1891 en que se basó la demanda tenía un valor "más que dudoso". La sentencia también consideró relevante la transformación física de la zona con la construcción de la autopista y el recinto ferial, "que permiten cuestionar que persistan en la actualidad vestigios físicos que puedan extrapolarse desde el siglo XIX". La Audiencia incidió en que una parte de la parcela figura inscrita oficialmente como solo urbano, recordando otra sentencia del TSXG que declara expresamente que "el suelo urbano no puede ser monte".
La Plataforma Galega de Afectados por Comunidades de Montes celebró la finalización "del calvario que estuvo padeciendo esta familia durante muchísimos años", e insistió en la necesidad de que la Administración autonómica intervenga y ponga fin "al absurdo de las reclamaciones de los comuneiros sobre terrenos y propiedades particulares en base a un supuesto aprovechamiento inmemorial sin evidencia alguna".
































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