Más de un año después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha denunciado que el sistema procesal sigue disuadiendo a miles de pequeñas empresas y autónomos de reclamar deudas legítimas debido al coste y la complejidad del procedimiento . La organización alerta de que muchos acreedores optan por no reclamar porque el sistema hace económicamente inviable la recuperación de las cantidades adeudadas.

La Ley Orgánica 1/2025 introdujo la obligación de acudir a un Medio Adecuado de Solución de Controversias (MASC) antes de presentar determinadas demandas civiles y mercantiles. Sin embargo, la PMcM subraya que el principal problema no reside en la existencia de mecanismos de negociación previa, sino en que estos se han incorporado a un sistema procesal que ya desincentivaba las reclamaciones de pequeña cuantía debido a las dificultades para recuperar íntegramente los costes de defensa de los derechos del acreedor .

"Cuando el coste de reclamar supera el beneficio esperado, el mercado recibe un mensaje muy peligroso: incumplir los plazos de pago sigue saliendo demasiado barato", ha señalado Antoni Cañete, presidente de la PMcM .

El caso que evidencia el problema

La PMcM ha dado a conocer el caso de una empresa asociada que, tras analizar la viabilidad de reclamar judicialmente una deuda de 449,18 euros correspondiente a intereses de demora, decidió desistir porque el coste de la reclamación superaba el beneficio esperado. La empresa había realizado requerimientos amistosos sin obtener respuesta y, para cumplir con la nueva normativa, remitió una oferta vinculante mediante burofax con un coste superior a 36 euros.

Aunque el procedimiento debía tramitarse fuera de su partido judicial, lo que permitía solicitar la condena en costas, la empresa comprobó que incluso obteniendo una sentencia favorable seguiría teniendo dificultades para recuperar íntegramente los costes necesarios. Además, una eventual sentencia favorable no garantiza el cobro efectivo, ya que el acreedor debe iniciar una ejecución judicial con nuevos costes y retrasos si el deudor no paga voluntariamente.

La reforma pendiente: sancionar al moroso

Ante esta realidad, la PMcM insiste en que la medida más eficaz para reducir la morosidad no consiste en añadir nuevas cargas al acreedor, sino en establecer consecuencias reales para quien incumple los plazos legales de pago . "Mientras retrasar los pagos siga siendo gratis o prácticamente gratis para el deudor, muchas empresas seguirán utilizando a sus proveedores como fuente de financiación", sostiene Cañete .

La Plataforma recuerda que España continúa registrando niveles de morosidad "incompatibles con los plazos legales de pago" y considera imprescindible culminar la implantación de un régimen sancionador eficaz que garantice el cumplimiento efectivo de la normativa . "Un derecho que cuesta más ejercer que abandonar deja de ser un derecho efectivo", concluye Cañete. "Y cuando reclamar deja de ser rentable, el mensaje que recibe el mercado es muy claro: incumplir sigue saliendo demasiado barato" .