La práctica totalidad de la cadena de valor de la construcción en Galicia ha firmado dos declaraciones conjuntas en las que denuncia el "uso sistemático e, en numerosos supostos, inxustificado" de los encargos a medios propios por parte de las administraciones, al tiempo que reclama medidas urgentes ante la escalada de costes derivada de la crisis de Oriente Medio. Los acuerdos se adoptaron en el Consejo Asesor de Galicia Constrúe, Clúster da Construción, celebrado recientemente en Santiago de Compostela.

El sector advierte de que los sobrecostes energéticos y de materias primas comprometen el equilibrio de los contratos en vigor, la viabilidad de nuevos proyectos, la inversión empresarial, el empleo y la capacidad para dar respuesta a retos esenciales como la construcción de vivienda y la rehabilitación del parque existente. Ante esta situación, la cadena de valor reclama la adopción de medidas urgentes, entre ellas la revisión excepcional de precios en los contratos públicos en ejecución, la actualización de los precios de licitación, la revisión periódica de los módulos de vivienda protegida y la puesta en marcha de líneas de apoyo a la liquidez.

La declaración plantea además reformas estructurales para reforzar la resiliencia del sector, como un marco estable de revisión de precios, una planificación plurianual de la inversión pública, el apoyo a las cadenas de suministro críticas, el impulso a la construcción industrializada y el trabajo conjunto para garantizar la viabilidad de la vivienda accesible.

En paralelo, las organizaciones firmantes han suscrito un segundo documento en el que expresan su preocupación por la utilización sistemática de los encargos a medios propios personificados por parte de las administraciones públicas. Según los datos manejados por el sector, entre 2021 y 2023 el valor económico de estos encargos superó los 3.900 millones de euros anuales, con una elevada concentración en un número muy reducido de entidades.

Las entidades firmantes subrayan que esta figura tiene un carácter excepcional conforme a la Directiva 2014/24/UE y a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y que su uso debe estar sujeto a estrictos criterios de control, proporcionalidad, eficiencia y justificación. Sin embargo, advierten de que una utilización no justificada puede desplazar la contratación ordinaria, limitar la libre concurrencia y afectar al conjunto de empresas y profesionales capacitados para prestar servicios, ejecutar obras o suministrar soluciones en condiciones competitivas.

El diagnóstico del sector señala que se invocan urgencias derivadas de licitaciones desiertas por presupuestos inadecuados, que una parte significativa de los encargos termina subcontratada al sector privado —evidenciando la falta de medios reales— y que se producen encargos fuera del objeto estatutario o desde administraciones con participaciones minoritarias incapaces de ejercer la influencia decisiva exigida por la normativa. Se consolida así, según el sector, un mercado paralelo y opaco que erosiona la confianza en la contratación pública.

La declaración no cuestiona la utilidad legítima de los medios propios en supuestos excepcionales, pero reclama un uso responsable y transparente de esta herramienta. Para ello, propone reforzar la motivación económico-jurídica de cada encargo, realizar consultas previas al mercado, publicar de forma accesible la información relativa a encargos y subcontrataciones, y avanzar en una revisión normativa que delimite con mayor claridad los supuestos de uso.

El impacto del abuso, según alertan los firmantes, no afecta a un único eslabón, sino al conjunto de la cadena de valor gallega: ingenierías y arquitectura ven mermada su capacidad para redactar proyectos y direcciones facultativas; las constructoras pierden la oportunidad de competir en igualdad por contratos; y fabricantes, distribuidores y proveedores sufren la falta de previsibilidad de la demanda.

Las declaraciones cuentan con el respaldo de una veintena de entidades, entre ellas el Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia, AGEINCO, los colegios de ingenieros de Obras Públicas, Industriales y de Caminos, Canales y Puertos de Galicia, las asociaciones provinciales de la construcción de A Coruña, Pontevedra, Ourense y Lugo, ALAGAL, ANEFHOP, la Federación Galega da Construción, ASFACEDE, la Fundación Laboral de la Construcción, el Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Vigo, el Colegio de Arquitectos de Galicia y el Clúster Galego de Solucións Ambientais e Economía Circular, Viratec. Además, la Federación Gallega de Promotores Inmobiliarios, FEPROGA, secunda la declaración relativa a las medidas urgentes ante el impacto de la crisis de Oriente Medio.

Desde Galicia Constrúe se agradece la implicación de todas las entidades participantes y se reafirma el compromiso del Clúster con la defensa de una cadena de valor competitiva, transparente, resiliente y al servicio del interés general de Galicia.