El BNG en la Deputación de Pontevedra defendió este viernes en el Pleno que la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las comunidades de montes en mano común está plenamente avalada por la legislación y por la jurisprudencia. La diputada Manuela Rodríguez calificó de "lamentable" que el gobierno provincial del PP rechazase la propuesta nacionalista para que el ORAL reconozca ese derecho de oficio y continúe obligando a las comunidades a reclamar "caso por caso".

La nacionalista criticó que el gobierno provincial mantenga una interpretación restrictiva de la normativa cuando existen resoluciones judiciales que "aclaran perfectamente" cómo debe aplicarse la exención. Durante el debate, la diputada recordó especialmente la sentencia dictada en un procedimiento judicial entre el propio ORAL y una comunidad de montes del concello de Mos, en el que el organismo provincial decidió personarse para defender el derecho al cobro del impuesto como entidad gestora de la recaudación.

"Esa sentencia le da claramente la razón a la comunidad de montes y deja establecido que, una vez acreditada la propiedad comunal, la exención del IBI corresponde al conjunto del terreno, con independencia de su calificación urbanística", explicó Rodríguez. La diputada subrayó que la resolución judicial también despeja cualquier duda sobre las construcciones existentes en los montes vecinales. Según insiste la nacionalista, los tribunales dejan claro que si existen edificaciones situadas en terrenos pertenecientes a las comunidades de montes, no les corresponde pagar el IBI.

Un "absurdo administrativo" que genera gastos innecesarios

Para el BNG, mantener este sistema supone prolongar un "absurdo administrativo", ya que el ORAL dedica recursos públicos a emitir y cobrar recibos que posteriormente, tras las reclamaciones o los procesos judiciales, acaba teniendo que devolver con los correspondientes intereses. "La interpretación jurídica es clara y por eso resulta incomprensible que el PP siga obligando a las comunidades a iniciar reclamaciones individuales para que finalmente se les dé la razón", afirmó Rodríguez.

La diputada del BNG aseguró que esa posición "no se sostiene" cuando ya existe una doctrina judicial consolidada que interpreta el alcance de la exención. El BNG aprovechó su intervención para realizar una defensa del modelo gallego de monte vecinal en mano común y de la función social, económica y ambiental que desempeñan las comunidades de montes, subrayando su importancia para el territorio y para la sostenibilidad del rural gallego.