La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha calificado de "insuficiente" la reforma del financiamiento del sistema de atención a la dependencia impulsada por el Gobierno central y ha reclamado el abono de los 3.000 millones de euros de deuda acumulada con Galicia. Durante el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, la conselleira aseguró que la modificación impulsada por el Ejecutivo central "no alcanzará el 40% de los costes", quedando lejos del 50% dispuesto por ley.

García denunció la "falta de garantías" de la reforma y reclamó que se regule en la ley de dependencia la estabilidad del sistema, financiando el 50% del coste real de la dependencia, como ya se ha acordado con el País Vasco. En su intervención, la conselleira subrayó que, pese a la reforma, "el financiamiento no alcanzará en ningún momento" el 50% establecido por ley, y recordó que la aportación del Gobierno central a Galicia se ha reducido progresivamente, pasando de un 34% en 2024 a un 32% en 2025, lo que ha elevado la deuda acumulada a más de 3.000 millones de euros.

Reclama un trato igualitario para Galicia

Fabiola García también solicitó que se adapte el financiamiento del sistema de dependencia a la realidad territorial de Galicia, dando más peso a la dispersión y al envejecimiento de la población. Exigió que "se le dé a Galicia el mismo trato que al País Vasco", comunidad con la que el Ejecutivo central ya ha firmado el compromiso de asumir el 50% del coste real de la dependencia.

Homologaciones de discapacidad

Por último, la conselleira denunció que el Gobierno central aborda las homologaciones de discapacidad y dependencia de forma incompleta, excluyendo los beneficios fiscales del grado de discapacidad reconocido mediante homologación. Sobre esta cuestión, puso como ejemplo la medida implantada por Galicia en 2025, que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, y destacó que la homologación de los grados de dependencia y discapacidad "debe producir efectos plenos y no restar derechos".

"Excluir el reconocimiento a efectos tributarios supone una limitación de los derechos implícitos al reconocimiento y, en la práctica, impediría que la discapacidad sea reconocida de forma plena", concluyó la conselleira, que instó al Gobierno central a garantizar la estabilidad del sistema y el pago de la deuda acumulada con la comunidad gallega.