La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, afirmó hoy en el Parlamento autonómico que Galicia es una de las comunidades con mejor gestión en la atención a la dependencia. Durante una interpelación parlamentaria, expuso datos que avalan esta realidad, como el hecho de ser una de las comunidades con menor porcentaje de personas esperando por un servicio o prestación, o la disminución de los tiempos de tramitación en más de dos meses y medio.

Fabiola García indicó que estas buenas cifras son el resultado del trabajo de la Xunta en esta materia, a la que cada año dedica más fondos para suplir los incumplimientos del Gobierno central con la Ley de Dependencia. Al respecto, denunció que en 2025, último ejercicio cerrado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez disminuyó su aportación a Galicia dos puntos, pasando del 34 al 32%. Esto supuso 250 millones de euros menos para los dependientes gallegos, mientras que acuerda con el País Vasco asumir el 50% de la factura de la dependencia.

En esta línea, la conselleira manifestó que el último anuncio sobre la reforma del financiamiento de la dependencia "es papel mojado mientras el Gobierno de España no comience a hacer las cosas bien y apruebe los Presupuestos Generales del Estado". Así mismo, volvió a exigir el pago de la deuda con Galicia en la atención a la dependencia, que asciende ya a más de 3.000 millones de euros.

Frente a los incumplimientos del Ejecutivo central, Fabiola García aseguró que la Xunta seguirá destinando más recursos y fondos, señalando que en los presupuestos de 2027 será una prioridad el refuerzo continuado de los servicios públicos esenciales, tal y como avanzó el presidente Alfonso Rueda.

Además, la conselleira puso en valor el Plan de choque puesto en marcha por la Xunta en enero del año pasado, gracias al cual hoy Galicia registra su máximo histórico de personas atendidas con más de 97.400, muy cerca del objetivo de los 100.000 fijado para este año. También destacó la implantación de medidas pioneras como la homologación de la dependencia y la discapacidad, que el Gobierno central recurrió al Tribunal Constitucional.