El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha rechazado someter a votación, en el marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada hace unos días, la propuesta presentada por Galicia y otras ocho comunidades y ciudades autónomas para pedir la suspensión cautelar de la tramitación de la reforma del Reglamento General de Costas y promover, con carácter previo, una modificación legislativa desde el consenso. El argumento utilizado por los representantes ministeriales fue que no se puede votar un proyecto en el seno de este organismo, aunque lo que realmente pedían las comunidades autónomas era un pronunciamiento de los miembros de la Conferencia Sectorial ante la propuesta de resolución presentada.

La reunión fue convocada hoy por el Gobierno central en respuesta a una petición realizada durante la Conferencia Sectorial del pasado 22 de junio por parte de Galicia, que contó con el apoyo de la Comunidad Valenciana, Andalucía, La Rioja, Cantabria, Madrid, Región de Murcia, Ceuta y Baleares. El objetivo de las nueve comunidades era poder abordar con el Ministerio, de forma monográfica y con carácter urgente, el proyecto de Real Decreto con el que el Ejecutivo central pretende modificar el Reglamento de Costas, cuya tramitación anunció a comienzos de este año de forma unilateral y sin abrir ningún tipo de consultas con las autonomías.

Galicia califica la reunión como "una nueva afrenta"

Ante la falta de avances, concreciones o compromisos de ningún tipo por parte del Ministerio durante la Conferencia Sectorial —a la que ni siquiera asistió la ministra—, desde la Xunta se interpreta esta reunión como una "nueva afrenta y desprecio" a las comunidades costeras por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La secretaria general Técnica de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Carmen Bouso, intervino en nombre de la conselleira para insistir en que la reforma reglamentaria, tal y como está propuesta, es un "atropelo a las competencias" autonómicas reconocidas en el Estatuto y ratificadas por el Tribunal Constitucional en la sentencia que avaló la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia.

Advertencia sobre inseguridad jurídica

Varios representantes de las comunidades lamentaron que el Ejecutivo central utilice como excusa el procedimiento abierto por la Comisión Europea contra España por no trasponer correctamente la nueva Directiva de servicios en el litoral para impulsar de forma unilateral y sin diálogo previo una modificación que regula procedimientos de otorgamiento de concesiones atribuidos en exclusiva a los gobiernos autonómicos, sin prever además los fondos necesarios para atender las previsibles indemnizaciones que exigirán los titulares afectados por la reforma, lo que generará inseguridad jurídica.

Las comunidades insistieron en pedir que todos los aspectos expuestos hoy en contra de la reforma del Reglamento General de Costas, así como el resto de alegaciones presentadas en el trámite de información pública, sean incorporados al proyecto definitivo y se trasladen a la Comisión Europea. Al respecto, incidieron en que el Ministerio lleva casi seis años dialogando con Bruselas de espaldas a las comunidades, ya que en ningún momento del proceso consultó con ellas la situación o las posibles soluciones. La Conferencia Sectorial concluyó sin acuerdos y sin que el Gobierno central diera ningún tipo de garantías de que va a atender sus demandas y trasladarlas a Europa.