La dificultad para acceder a una vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los españoles, según el CIS. No es una percepción pasajera ni un malestar difuso, es la constatación de una crisis estructural que atraviesa al país desde hace décadas. Y, sin embargo, mientras millones de ciudadanos viven atrapados entre alquileres imposibles y sueldos estancados, la compraventa de inmuebles se dispara hasta niveles que no se veían desde antes de la burbuja. Una paradoja que revela la profundidad del problema.

España es hoy un país donde seis de cada diez personas no tienen vivienda en propiedad, y donde una parte significativa de los inquilinos destina más de la mitad de sus ingresos a pagar un alquiler. Es un escenario que vulnera cualquier lógica social, sin un techo estable no hay proyecto vital, no hay autonomía, no hay futuro. La vivienda, que debería ser un derecho básico, se ha transformado en un bien de lujo sometido a la rentabilidad, no a la necesidad.

La situación alcanza tintes grotescos cuando entran en escena los llamados fondos buitre. Empresas que compran edificios enteros con los inquilinos dentro, esperan a que venzan los contratos o directamente les ofrecen dinero para que se marchen. Quienes llevan años —o toda una vida— en su casa, acaban en la calle. Los desahucios se ejecutan con una frialdad que hiela la sangre. Y mientras tanto, los centros de las ciudades se vacían de vecinos para llenarse de pisos turísticos, mucho más rentables que cualquier alquiler residencial.

¿Dónde están las leyes que deberían impedir este atropello? Existen, sí. Hay un Ministerio de Vivienda, hay concejalías autonómicas y municipales, hay normativas y hay competencias claras. Pero la realidad demuestra que no funcionan. La ordenación del suelo, regulada por la Ley del Suelo, otorga a las administraciones un poder decisivo sobre qué se construye y dónde. Son, en teoría, los garantes del interés general. En la práctica, demasiadas veces actúan como gestores de intereses privados, permitiendo que la especulación marque el ritmo de las ciudades.

La Constitución de 1978 es cristalina en su artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, y los poderes públicos deben impedir la especulación… Casi medio siglo después, ese artículo sigue siendo un adorno jurídico, un recordatorio incómodo de lo que no se ha hecho. Unos por otros, y la casa sin barrer.

Desde la crisis de 2008, la escasez de vivienda no ha hecho más que agravar un problema que revela algo más profundo: un país que expulsa talento, que mantiene salarios reales estancados y que no genera las oportunidades que promete. La vivienda es hoy el problema social más urgente, y sin embargo continúa sometida a las reglas del mercado como si fuera un capricho y no un pilar de la vida.

Los datos del propio Ministerio de Vivienda lo confirman: el precio medio del metro cuadrado se sitúa entre 2.252 y 2.748 euros en el primer trimestre de 2026. ¿Quién puede asumirlo? ¿Hasta cuándo se puede seguir exprimiendo al ciudadano a impuestos mientras se le niega lo más básico?

España no puede permitirse seguir mirando hacia otro lado. La vivienda no es un negocio, es un derecho. Y un país que no garantiza un techo digno a su gente es un país que renuncia a su futuro.