La protección de los menores en internet exige reglas claras, plataformas responsables y una aplicación efectiva de la normativa, según recuerda la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Por eso, la organización considera que la reciente propuesta del Panel de expertos en seguridad infantil online de la Comisión Europea para fijar una edad mínima de 13 años en el acceso a las redes sociales es un paso en la buena dirección, siempre que se acompañe de un diseño de seguridad efectivo y de herramientas que permitan a los menores tomar decisiones informadas.

OCU y Euroconsumers respaldan los principales puntos de la propuesta, entre los que destaca el establecimiento de una edad mínima armonizada de 13 años para acceder a las redes sociales en todos los países de la Unión Europea. La organización rechaza que los Estados miembros fijen cada uno límites de acceso diferentes, ya que considera que esta posibilidad debilitaría la coherencia de la protección de los menores dentro del mercado único digital europeo. Esta medida permitiría hacer cumplir de forma efectiva una regla que la mayoría de las plataformas ya dicen aplicar.

Además de la restricción de edad, OCU reclama obligaciones claras y exigibles para limitar las funcionalidades que puedan fomentar comportamientos adictivos, como la reproducción automática de contenidos, el desplazamiento infinito o los sistemas de recomendación orientados a maximizar el tiempo de uso. La organización exige también que las propias plataformas tengan que demostrar la seguridad de sus servicios de cara a los menores, y pide que se defina con claridad cómo se garantizará y cuáles serán las consecuencias en caso de incumplimiento.

Las plataformas deberán facilitar herramientas que ayuden a los menores a gestionar su experiencia digital, explicándoles el funcionamiento de los algoritmos y permitiéndoles el control de los contenidos que reciben. OCU comparte también la importancia de la sensibilización, la alfabetización digital y la formación de las familias y los educadores, ya que la protección efectiva de los menores requiere combinar normas adecuadas con una mayor capacidad para comprender y gestionar los riesgos.