El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha multado con 1.800 euros a un abogado por presentar un recurso elaborado con Inteligencia Artificial que contenía citas jurisprudenciales inventadas. El magistrado ponente identificó 24 referencias "de libérrima creatividad jurídica", según consta en el auto.

La Sala de lo Social acordó además dar traslado de la resolución al Colegio de Abogados de A Coruña para que inicie, si lo estima oportuno, un expediente disciplinario contra el letrado.

El abogado reconoció los hechos, pidió disculpas y aseguró haber informado a su cliente, pero los magistrados señalan que no explicó qué herramienta de IA utilizó ni cómo pudo producirse el error.

Los jueces recuerdan que el uso de inteligencia artificial generativa en la abogacía no está prohibido, pero exigen un "control humano consciente y efectivo". Tanto el Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Abogacía como la Instrucción 2/2026 del CGPJ limitan su empleo a tareas de preparación o estudio, no a la redacción del cuerpo del escrito procesal.

El tribunal subraya que el letrado actuó de forma poco diligente, al no verificar la veracidad de las citas. "O bien se han inventado directamente o bien se han asumido como válidas, tras la perniciosa –y habitual- alucinación de la inteligencia artificial utilizada para su redacción", advierte el auto.

La Sala incide en que la buena fe procesal impone a los profesionales el deber de comportarse con lealtad y veracidad. Presentar un recurso con fundamentación jurisprudencial fabricada, aunque sea por negligencia, constituye una infracción objetiva de ese principio.

El tribunal califica la conducta como vulneración de los deberes deontológicos más elementales de la abogacía, añade que "traiciona la confianza que su cliente ha depositado en él" y supone una "falta de respeto" al órgano judicial.

Para fijar la cuantía, los magistrados ponderaron la gravedad de la conducta, los perjuicios causados y la capacidad económica del infractor. Consideraron como atenuantes el reconocimiento de los hechos, la comunicación a su cliente y la ausencia de antecedentes similares. Como agravante, señalan que el uso de una IA especializada de pago o la simple comprobación en el CENDOJ, de acceso gratuito, habría evitado el resultado.

La Sala explica que el coste de una herramienta de inteligencia artificial diseñada específicamente para investigación jurídica verificada oscila entre 1.500 y 3.000 euros al año, y fija la multa en 1.800 euros para cumplir la doble función sancionadora y disuasoria.