La Guardia Civil de Pontevedra ha desarticulado un peligroso grupo criminal especializado en asaltos violentos a establecimientos hosteleros en el sur de la provincia. La denominada Operación TROYA se ha saldado con un detenido y cuatro investigados por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia e intimidación con armas de fuego y robo de uso de vehículo a motor.

Los arrestos son el resultado de una investigación desarrollada por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Pontevedra, bajo la tutela del Tribunal de Instancia, Plaza Nº 3 de Tui y la Fiscalía de Área de Vigo. Las pesquisas han permitido poner fin a una ola de asaltos que había sembrado el miedo en el sector hostelero de la comarca.

El primer episodio delictivo se registró el 17 de agosto de 2025 en un bar de O Rosal. Cinco encapuchados irrumpieron en el local durante el cierre y, con extrema violencia, redujeron y maniataron de pies y manos a la empleada y a su pareja. Los asaltantes huyeron con la recaudación de la caja, de las máquinas recreativas y del tabaco, utilizando además el coche de una de las víctimas para darse a la fuga.

Apenas dos días después, la banda repitió el mismo modus operandi en Puentecaldelas. En esta ocasión, inmovilizaron al dueño del establecimiento con bridas de madrugada para saquear el local sin encontrar resistencia. En todos los casos, los autores actuaban encapuchados y armados con pistolas y cuchillos, lo que incrementaba la intimidación sobre las víctimas.

Las investigaciones permitieron identificar a los cinco componentes de la banda, con edades comprendidas entre los 22 y los 51 años. Todos ellos son vecinos de Vigo y cuentan con un amplio historial de antecedentes policiales. Según han confirmado a este digital fuentes próximas a la investigación, tres de los implicados se encuentran actualmente cumpliendo penas en prisión por otros hechos delictivos.

La fase de explotación de la operación se ejecutó el pasado mes de junio. Los agentes lograron vincular las pruebas definitivas gracias a las armas y efectos intervenidos en un registro domiciliario previo, lo que resultó clave para cerrar con éxito una investigación que devuelve la tranquilidad al sector comercial de la comarca.