El Consello da Xunta ha aprobado esta semana la modificación del decreto de 2022 por el que se regula el catálogo de actividades, centros, establecimientos, espacios, instalaciones o dependencias cuyos titulares están obligados a elaborar y registrar planes de autoprotección. La actualización responde a la experiencia acumulada en los últimos años de aplicación de la norma y tiene como objetivo facilitar su interpretación, mejorar su aplicación práctica y adaptar determinados aspectos a las necesidades detectadas tanto por los titulares de las actividades afectadas como por los servicios públicos de emergencias.

Entre las principales novedades se incluye la incorporación de nuevas definiciones y la revisión de la relativa a los espacios delimitados, con el fin de reforzar la seguridad jurídica y evitar confusiones de interpretación. También se modifican los artículos relativos a la implantación y al mantenimiento de los planes de autoprotección para clarificar que los simulacros forman parte del mantenimiento de los planes y no de su implantación. Además, se establece expresamente la obligación de comunicar al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia la realización de estos ejercicios.

Otra de las modificaciones afecta a las actividades temporales. Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de registro, se habilita la posibilidad de presentar una comunicación previa de compromiso de implantación antes de la emisión del certificado definitivo cuando no sea posible completar todos los trámites con la antelación suficiente.

En el ámbito del Rexistro Electrónico de Plans de Autoprotección de Galicia se introducen mejoras para simplificar la inscripción y la consulta de la información. Entre otras medidas, se prevé la posibilidad de realizar bajas de oficio y se agrupan los planos para facilitar su gestión.

La actualización del catálogo incorpora también los túneles de las carreteras del Estado, en coherencia con la Norma básica de autoprotección, y revisa las referencias normativas relacionadas con el almacenamiento de productos químicos, la seguridad contra incendios en establecimientos industriales, la gestión de residuos peligrosos y determinadas infraestructuras energéticas.

Estas modificaciones permitirán mejorar la coordinación con los servicios de emergencias, facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los titulares de las actividades y reforzar la eficacia de los planes de autoprotección como instrumento fundamental para la prevención y la respuesta ante situaciones de emergencia.