La Xunta y las tres universidades públicas gallegas han cerrado un acuerdo para reformar la estructura de organización de la Proba de Acceso á Universidade (PAU), con el objetivo de dotar al sistema de mayores garantías para el alumnado y las familias. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicó este jueves que la nueva regulación busca "procurar la mayor coordinación para garantizar que las pruebas sean adecuadas al nivel y contenidos del currículo de Bachillerato y que se corrijan con criterios que reflejen la buena preparación del alumnado gallego".

El acuerdo, que ha sido refrendado por los tres equipos reitorales, introduce cambios significativos en la estructura organizativa de la PAU. Se crean dos nuevos órganos de coordinación. La Comisión Organizadora, integrada por tres representantes de la Consellería y otros tres de las universidades, será responsable de marcar las directrices generales de los exámenes: contenidos adecuados, nivel de dificultad y criterios de cualificación. También elaborará bancos de materiales para facilitar la creación de modelos de examen y establecerá mecanismos de supervisión entre los propios docentes que redactan las preguntas para evitar errores antes de que lleguen a los alumnos.

La Comisión Técnica, compuesta por personal de reconocida experiencia, se encargará del desarrollo operativo y logístico de la prueba: horarios, lugares de realización, medidas de seguridad en la elaboración y custodia de los exámenes, y adaptaciones para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. También publicará los modelos de examen y resolverá las reclamaciones que no estén relacionadas con las calificaciones.

Otra de las novedades es la mayor participación del profesorado de Bachillerato en los grupos de trabajo que redactan las pruebas. Estos grupos estarán compuestos por un máximo de dos docentes universitarios y hasta cuatro del sistema de enseñanza público con docencia en la materia o del cuerpo de inspección, lo que incrementa el peso de quienes tienen un contacto más directo con el currículo. Cada grupo estará dirigido, preferentemente, por un docente universitario, responsable de elaborar las propuestas de examen y las guías de cualificación, así como de coordinar los mecanismos de supervisión y revisión de las preguntas.

Las rectoras de las tres universidades mostraron su satisfacción por el acuerdo. La rectora de la USC, Rosa M. Crujeiras, destacó que la nueva orden "robustece un sistema que ha demostrado su buen funcionamiento y su solvencia durante muchos años", y subrayó la "necesaria corresponsabilidad que debe existir entre las universidades y la Administración". Su homóloga de la UVigo, Carmen García Mateo, valoró que el texto "da una mayor garantía de coordinación" y "llega a un buen equilibrio entre garantizar la custodia de los exámenes y que no tengan errores". El reitor de la UDC, Ricardo Cao, señaló que las aportaciones de las universidades "ponen a la Comisión Interuniversitaria de Galicia en un papel central" y permitirán "continuar llevando a cabo un acceso y admisión a la universidad con altos estándares".

El conselleiro destacó que la reforma responde a la demanda de alumnos y familias de mejorar el sistema y garantizar la igualdad de oportunidades con respecto al resto de estudiantes del Estado. La nueva orden, que ahora continúa su tramitación administrativa, contempla tanto el proceso de acceso como el de admisión, adaptando la normativa gallega al Real Decreto 534/2024, que regula los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado.