JUSTICIA
El Pazo de Meirás deberá inscribirse ya a nombre del Estado
El Tribunal de Instancia de A Coruña ordena al Registro de Betanzos ejecutar la sentencia que declaró la propiedad pública del inmueble
El Pazo de Meirás, ubicado en el municipio coruñés de Sada, deberá constar a partir de ahora en el Registro de la Propiedad como bien perteneciente al Estado. Así lo ha dictaminado la plaza número 1 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de A Coruña, que ha remitido un mandamiento al Registro de la Propiedad de Betanzos para que proceda a la inscripción del inmueble a favor de la Administración General del Estado.
La resolución judicial da así cumplimiento a la sentencia dictada en septiembre de 2020 por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que declaró que el pazo era propiedad del Estado y ordenó a la familia Franco su devolución. Dicho fallo fue posteriormente confirmado por la Audiencia Provincial de A Coruña y por el Tribunal Supremo, que desestimó los recursos presentados por los herederos del dictador.
El mandamiento judicial incluye también la cancelación de todas las inscripciones registrales contradictorias que figuren en el registro sobre la propiedad de las fincas, lo que deja sin efecto cualquier anotación que atribuya la titularidad del inmueble a particulares. Con esta orden, se completa el proceso judicial que ha mantenido en el centro del debate público la propiedad de este histórico inmueble durante los últimos años.
El Pazo de Meirás, ubicado en el municipio coruñés de Sada, deberá constar a partir de ahora en el Registro de la Propiedad como bien perteneciente al Estado. Así lo ha dictaminado la plaza número 1 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de A Coruña, que ha remitido un mandamiento al Registro de la Propiedad de Betanzos para que proceda a la inscripción del inmueble a favor de la Administración General del Estado.
La resolución judicial da así cumplimiento a la sentencia dictada en septiembre de 2020 por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que declaró que el pazo era propiedad del Estado y ordenó a la familia Franco su devolución. Dicho fallo fue posteriormente confirmado por la Audiencia Provincial de A Coruña y por el Tribunal Supremo, que desestimó los recursos presentados por los herederos del dictador.
El mandamiento judicial incluye también la cancelación de todas las inscripciones registrales contradictorias que figuren en el registro sobre la propiedad de las fincas, lo que deja sin efecto cualquier anotación que atribuya la titularidad del inmueble a particulares. Con esta orden, se completa el proceso judicial que ha mantenido en el centro del debate público la propiedad de este histórico inmueble durante los últimos años.
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