El Sindicato Labrego Galego (SLG) ha acordado solicitar una reunión con los alcaldes de los concellos de la comarca vitícola de las Rías Baixas para trasladarles la "grave situación" que atraviesa el sector, marcada por el "incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y la falta de medidas por parte de la Xunta" aseguran. La decisión, adoptada en una asamblea que reunió a más de 60 viticultores, supone un paso más en la estrategia de presión del sindicato, que advierte de que, de no obtener respuesta, las movilizaciones se intensificarán en las próximas semanas.

La organización agraria denuncia que las bodegas están ofreciendo contratos a precios "reducidos y muy alejados" del coste de producción estimado por los propios viticultores en 1,52 euros por kilo, una referencia que ya ha sido trasladada por el Consello Regulador a la Xunta para su oficialización, pero que el Gobierno gallego aún no ha establecido. La única referencia existente sigue siendo el valor de 1,40 euros por kilo que utiliza Agroseguro para los seguros de la viña, actualizado recientemente a petición del propio Consello Regulador.

Cuatro reivindicaciones para frenar la crisis

En el encuentro con los alcaldes, el SLG planteará cuatro medidas urgentes. La primera es condicionar las subvenciones públicas a las bodegas al cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, excluyendo de las ayudas a aquellas empresas que paguen por debajo de los costes de producción o incurran en prácticas fraudulentas. También reclamarán limitar temporalmente las nuevas plantaciones hasta que el sector recupere el equilibrio, y mantener y reforzar el control de la producción máxima, fijada actualmente en 1.200 kilos por cada 1.000 metros, mediante el sistema de tarjetas. Por último, exigirán reforzar los controles sobre el origen de la uva y del mosto, para evitar la entrada de producciones ajenas a la denominación y garantizar el cumplimiento de los límites de rendimiento en las parcelas.

El sindicato ha alertado de que, si la situación continúa, muchas pequeñas explotaciones se verán obligadas a abandonar la actividad, con el consiguiente impacto económico, social y ambiental sobre el territorio, incluido un mayor riesgo de incendios. "Corremos el riesgo de que desaparezca la pequeña explotación que dio origen a la denominación, mientras el nombre de la zona acaba beneficiando a empresas ajenas al territorio", advierte Rosario Domínguez Iglesias, viticultora y coordinadora del SLG en la comarca.

Recuperar la diferenciación de las comarcas

El SLG reclama también recuperar la diferenciación de calidad de las comarcas del Condado y O Rosal respecto del Salnés, una valoración tradicional ligada a las características de la uva que las bodegas han dejado de reconocer en los últimos años. Para ello, el sindicato propone elaborar un mapa de calidades de las distintas comarcas que permita poner en valor sus características propias y contribuir a una mejor valorización de la producción.

Si los alcaldes no atienden esta petición o no trasladan a la Xunta la necesidad de adoptar medidas urgentes, el SLG ha advertido de que las movilizaciones convocadas por el sindicato se intensificarán, con el objetivo de exigir soluciones efectivas que garanticen un futuro digno para los viticultores y viticultoras de las Rías Baixas.